Mónica García maniobra para obligar a Ayuso a crear el registro de objetores al aborto en Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que ha pedido a la Abogacía del Estado que lleve a cabo «todas las medidas que sean oportunas para obligar» al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a poner en marcha el registro de médicos objetores al aborto que contempla la modificación de 2023 de la ley del aborto.

El Ejecutivo madrileño inició el pasado mes de abril los trámites para constituir este registro por estricta imposición judicial, tras meses defendiendo que no iban a crear una «lista negra» de médicos que no quieren practicar abortos. En este sentido, la consejera del ramo, Fátima Matute, avanzó que la administración autonómica iba a agotar todas las vías legales para no crear esa lista, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez llevara el asunto a los tribunales.

En el marco de esa causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno regional se vio obligado a acatar las medidas cautelares impuestas que obligaban a iniciar esos trámites administrativos para la creación del registro. Extremo que no quiere decir que necesariamente Madrid vaya a tener que crear ese registro, puesto que, tal y como vienen sosteniendo desde la Puerta del Sol, la Justicia todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión judicial planteada.

Además, el Gobierno autonómico interpuso un recurso contra esa medida cautelar, entre amenazas de Mónica García a Isabel Díaz Ayuso con penas de multa e inhabilitación por negarse a contribuir a esa señalamiento a los médicos que no quieren practicar abortos en la sanidad pública.

En este contexto, la ministra de Sanidad ha anunciado hoy esa petición a la Abogacía del Estado en un acto para promover el aborto bajo el eslogan «el aborto sin barreras».

«El sectarismo de un gobierno autonómico no puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho que está reconocido en la ley. Los tribunales le dijeron a la Comunidad de Madrid que tenía que crear el registro de objetores. A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales del registro», ha esgrimido.