La pugna entre Ayuso y Mónica García por la «lista negra» de médicos objetores al aborto en Madrid

Parece que a la ministra de Sanidad, Mónica García, le parecen pocos los más de 100.000 abortos que se practican al año en España y está empeñada en que las mujeres aborten más. Esta misma semana ha lanzado una campaña en la que promulga que está igual de bien abortar que tener un hijo. Es decir, que da lo mismo dar la vida a un niño que privarle de ella. Las dos opciones están igual de bien y son igual de válidas, según el Ministerio de Sanidad.

Pero en su cruzada pro-aborto, la líder de Más Madrid se ha topado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid que, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, se ha opuesto a crear una «lista negra» de médicos objetores al aborto.

La obligación de crear un registro de objetores –para organizar los servicios médicos para garantizar el «derecho» al aborto– viene contemplada en la modificación de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo que realizó en 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez, en virtud de la cual se eliminó el periodo de reflexión antes obligatorio para abortar y legalizó el aborto en menores de 16 y 17 años sin permiso paterno.

Todas las comunidades autónomas acataron ese precepto y pusieron en marcha sus registros, excepto Madrid. Y es que el Ejecutivo considera que no es necesario realizar ese señalamiento a los profesionales para garantizar que en la sanidad pública madrileña se pueda abortar «con normalidad».

Para la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, no hay que «estigmatizar» con esos listados a los sanitarios que se acogen a su legítima objeción de conciencia para no practicar abortos. «Nadie puede obligar a quitar la vida a alguien», defiende.

«Ese registro no tiene ningún sentido cuando tú, el minuto antes de realizar un aborto o una eutanasia, puedes alegar que tienes objeción de conciencia, porque nadie puede obligar a que quites la vida a nadie. Lo único que, como gestores, sí que tenemos la obligación de proveer un servicio. Con lo cual, dentro de ese marco, nosotros vamos a respetar la ley, pero vamos a proteger a nuestros profesionales sanitarios», sostiene Matute.

Sin embargo, el afán de Mónica García porque Madrid contara con ese registro alcanza tales cotas que llevó el asunto a los tribunales. Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decretó como medida cautelar que el Gobierno iniciara los trámites para poner en marcha el registro.

Una medida contra la que Ayuso interpuso un recurso, entre las amenazas de Mónica García con penas de multa e inhabilitación si no acataba la ley. Con todo, finalmente el pasado mes de abril el Ejecutivo autonómico no tuvo más remedio que acatar ese mandato judicial e iniciar los trámites para la creación de ese registro.

Aunque la ministra se jactó entonces de haber «ganado» la batalla, el pasado martes en rueda de prensa anunció que había pedido a la Abogacía del Estado que lleve a cabo «todas las medidas que sean oportunas para obligar» a Madrid a establecer el registro, tras comprobar que «a 1 de septiembre, no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales».

Sobre esto, desde la Puerta del Sol esgrimen que están «cumpliendo taxativamente con lo que pidió el TSJM». Además, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, afirmó ayer en rueda de prensa que Madrid «siempre protege la vida y en el caso que nos ocupa nosotros siempre hemos dicho que vamos a defender el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos, de forma compatible con prestar el servicio a aquellas mujeres que deciden abortar en los supuestos contemplados en la ley».