El recurso de Madrid para desalojar Sol advierte de un posible delito de expolio por los actos vandálicos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha presentado el recurso contencioso-administrativo que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso esta mañana para exigir el desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol.

Tal y como han trasladado fuentes del Ejecutivo, el recurso pide la adopción de medidas cautelarísimas para el desalojo inmediato de la plaza, después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, haya rechazado los requerimientos de la Comunidad y del Ayuntamiento para ordenar a la Policía Nacional la disolución de la acampada.

Según la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, «se están excediendo los límites constitucionales y legales que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión, habiéndose producido una ocupación ilegal del espacio público».

El recursos sostiene que «corresponde al delegado del Gobierno obligaciones regladas e imperativas en materia de prevención y vigilancia, sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio, para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones».

Además, el recurso incluye un informe de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid en el que se constata que la acampada ha generado «una evidente y manifiesta afección física y directa a dos Bienes de Interés Cultural (BIC), la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño, lo que podría constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural, motivo por el que la Administración del Estado debería actuar de inmediato y en virtud de sus competencias».

En el caso de la sede de la Presidencia autonómica, el escrito refleja cómo se ha podido ver a personas subiendo a su fachada, trepando por las ventanas y rejas, en elementos que no están diseñados ni construidos para soportar el peso, tirones y agarres de personas, lo que puede implicar el desgarre, la rotura y otras afecciones directas. Y en la escultura, expone el claro intento de «desvirtuar un bien patrimonial que forma parte de la historia colectiva de todos los madrileños».