El informe del Tribunal de Cuentas que pone bajo la lupa a Casa Árabe llega este martes a las Cortes

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparecerá este martes ante la comisión mixta encargada de las relaciones con este organismo fiscalizador para explicar el informe sobre la «situación financiera crítica» a la que se enfrenta Casa Árabe y que ha provocado en los últimos meses un choque entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, por un lado, y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, por otro.

Dicho informe abarca los ejercicios 2023 y 2024, durante los que estuvo al frente de esta entidad Irene Lozano, ex diputada por el PSOE y quien ayudó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a elaborar su Manual de Resistencia, y en él el Tribunal de Cuentas concluye que «la entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, debido a los déficits anuales continuados y a las importantes deficiencias del inmueble, lo que obliga a adoptar medidas urgentes para solventarlo».

Asimismo, el documento detalla que se han producido resultados negativos recurrentes, cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros en 2023 y 3,3 millones de euros en 2024, que han sido compensados mediante el uso del remanente de tesorería. Además, también alerta de que teniendo en cuenta las «importantes deficiencias en las cubiertas, tejado, humedades y sistema de climatización» que presenta su sede en Madrid.

Chicano tendrá ocasión ahora de explicar las conclusiones del mismo y responder a las preguntas que le quieran formular los diputados y senadores que integran la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que se reunirán el martes por la tarde en la sede del Senado.

Tensión por el posible desalojo

El Ayuntamiento de la capital dio hasta el 1 de septiembre a Exteriores para abandonar las Escuelas Aguirre, esgrimiendo como motivo el mal estado de conversación del edificio pero aduciendo igualmente la gestión realizada durante la etapa de Irene Lozano.

Durante el mes de julio se produjeron algunos contactos para intentar resolver la situación, incluso con una llamada entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el propio Almeida, pero no se consiguió solventar las desavenencias.

Así las cosas, Almeida acusó el mismo 1 de septiembre a Exteriores de «okupación ilegal» de Casa Árabe, al no haber procedido a abandonar el edificio, acusación de la que se defendió el departamento que dirige Albares.

Un mes después, todavía se mantiene la tensión por el no desalojo. El Ayuntamiento de la capital ha denunciado que Exteriores se niega a convocar el Consejo Rector que permitiría abordar la cuestión, mientras que el Ministerio esgrime que Madrid solo puede retirar su contribución al consorcio, que es precisamente el edificio de Escuelas Aguirre, si se retira otro de los consorciados y aseguran que la salida de la Comunidad de Madrid sigue sin haberse concretado.