El delegado celebra que la Justicia no ordene el desalojo de Sol y manda un mensaje al Gobierno de Ayuso

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha mostrado satisfecha tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol, que ha negado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid.

En este sentido, fuentes pertenecientes al órgano liderado por Francisco Martín aseguran que han valorado la decisión tomada por el TSMJ, al mismo tiempo que «reafirman su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto al derecho fundamental de reunión».

Además, la Delegación del Gobierno añade que «la ley es clara y dice que las medidas de intervención deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias, y la disolución de reuniones y manifestaciones constituye el último recurso».

«El criterio que guía nuestros pasos será prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos, especialmente el de reunión», han señalado.

Mensaje a la Comunidad de Madrid

Por otro lado, la Delegación también ha criticado la actitud de la Comunidad de Madrid, recalcando que «ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental».

«Al Gobierno de Ayuso le pedimos respeto a estas garantías y que asuma sus responsabilidades para ofrecer soluciones a quienes reclaman una vivienda digna», ha concluido el órgano de la Administración General del Estado (AGE).

Decisión de la Justicia

Para tomar esta decisión, la Justicia ha considerado que sí concurren circunstancias de especial urgencia con respecto a la acampada de Sol, pero entiende que no puede acordar el desalojo sin escuchar previamente a la AGE, especialmente para determinar si se cumplen los requisitos legales para apreciar una posible inactividad de la Delegación en Madrid.

Sin entrar al fondo del asunto, el tribunal tiene en consideración «la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas» y «la irreversibilidad de las consecuencias» que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño, con posible utilización de «medidas de compulsión física».

Todo ello hace que la Sala necesite «el criterio, alegaciones y motivos de la Delegación del Gobierno para no haber desplegado la actividad requerida por la Comunidad de Madrid» y, «dadas las concretas circunstancias», los magistrados reducen el plazo y dan a la Abogacía del Estado hasta el miércoles a las 09.00 horas para remitir su escrito.