Ayuso impulsa una nueva ley para eliminar normas obsoletas y facilitar la inversión en Madrid

La Comunidad de Madrid aprobará este miércoles el nuevo proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación durante el Consejo de Gobierno. El objetivo del Ejecutivo regional es reducir los trámites para ciudadanos y empresas y revisar las normas que hayan quedado obsoletas y que frenan la inversión.

Así mismo lo ha adelantado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la clausura del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Tal y como ha explicado la dirigente madrileña, entre las principales disposiciones de esta normativa se establece que cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente.

Además, las normas de organización tendrán fecha de caducidad «para que no sobreviva por inercia lo que ya no sirve», ha sostenido la mandataria. Tras su aprobación, la propuesta se remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.

Más cambios destacados

Por otra parte, las nuevas obligaciones para las empresas solo podrán entrar en vigor en dos fechas al año: el 2 de enero y el 1 de julio «para que nadie tenga que adaptarse a contrarreloj». Este calendario, inspirado en el modelo británico, permitirá a los negocios, especialmente a los pequeños y medianos, preparar con antelación los cambios necesarios.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha confirmado que el proyecto regula la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos para reducir los tiempos de respuesta. Estas deberán contar con una acreditación y estarán sujetas a controles y responsabilidades que garanticen los derechos de ciudadanos y empresas.

Finalmente, también se contempla el refuerzo de la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para los proyectos de especial interés. Además, habrá espacios de prueba donde se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla.

La propuesta sigue las recomendaciones de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que relacionan una normativa más clara y sencilla con el crecimiento económico y la productividad.