Ayuso destina 157 millones a ayudas a embarazadas mientras Mónica García se empeña en fomentar el aborto

Pocos días después de que el Ministerio de Sanidad, capitaneado por Mónica García, lanzara una campaña para fomentar el aborto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado una dotación adicional de 29,3 millones de euros para las ayudas por gestación, nacimiento o adopción.

De esta manera, la partida destinada a esta ayuda va a alcanzar en 2026 los 157,6 millones de euros. En concreto, se trata de una subvención a la que pueden acceder las madres menores de 30 años desde el quinto mes de embarazo y hasta que el menor cumple dos años.

Además, el Ejecutivo autonómico anuncio hace escasas semanas que esta ayuda se va a extender a las madres de hasta 35 años, inclusive, que tengan un tercer hijo.

Desde la puesta en marcha de esta medida en enero de 2022, el Ejecutivo ha concedido esta ayuda a 31.157 madres, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros. Con esta ampliación, la previsión es que a lo largo de 2027 se alcance la cifra de 45.000 madres beneficiadas y 500 millones de inversión.

430.000 euros en una campaña pro-aborto

Mientras desde la Comunidad de Madrid se da impulso a estas medidas para fomentar la natalidad, la ministra de Sanidad acaba de gastar 430.000 euros en una campaña bajo el lema: «Todo estará bien porque tienes derecho a abortar y hacerlo en la pública».

Una campaña destinada a «combatir el estigma, la culpa y los juicios morales alrededor del aborto» y reivindicar que «no hay que demostrar sufrimiento para recibir respeto y que las mujeres pueden vivir diferentes emociones (alivio, tristeza o dudas) con total legitimidad».

Por otra parte, durante la presentación de esa campaña, Mónica García anunció que había pedido a la Abogacía del Estado llevar a cabo «todas las medidas que sean oportunas para obligar» al Gobierno madrileño a poner en marcha el registro de médicos objetores al aborto que contempla la modificación de 2023 de la ley del aborto.

Un registro cuyos trámites inició el Ejecutivo por imposición judicial el pasado mes de abril, después de que Pedro Sánchez recurriera su negativa a ponerlo en marcha, pero que, de momento, se encuentra en 'stand-by'.

En este sentido, fuentes de la Consejería de Sanidad han trasladado que en Madrid «no se van a hacer listas negras ni se va a señalar a nadie, ni por practicar abortos ni por no hacerlos».