Miles de personas se despiden de Maricarmen con un homenaje debajo de su casa

Los manifestantes por la vivienda han querido rendir este jueves un homenaje en memoria de la fallecida Maricarmen.

Con una multitudinaria marcha que ha partido desde el centro de la ciudad de Madrid, en concreto desde la Puerta del Sol, lugar de la acampada, ha recorrido las principales avenidas del centro en dirección a la que fuera la casa de la anciana, en la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Según los datos que ha ofrecido la Delegación de Gobierno, unos 20.000 manifestantes han acudido a la llamada del Sindicato de Inquilinas para protestar por el derecho a la vivienda y en memoria de Maricarmen.

Con una corona de flores en homenaje a la fallecida, donde se podía leer: «Seguiremos luchando por ti. Te quiere tu Sindicato», el Sindicato de Inquilinas ha encabezado la marcha, seguidos del resto de personas que han levantado pancartas y carteles recordando la memoria de Maricarmen.

«No son muertes, son asesinatos», han coleado los protestantes hasta su llegada al barrio de la mujer fallecida.

Decenas de personas han permanecido poco antes de la medianoche velando el homenaje improvisado. En la puerta del edificio se ha instalado un espacio con flores, velas y pancartas, alrededor del que los manifestantes han mantenido velas encendidas

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A su llegada a la fachada de la vivienda donde vivió la mujer de 87 años, los manifestantes han realizado un minuto de silencio alrededor de una especie de altar de flores y velas en homenaje a la fallecida.

Durante la concentración se han podido escuchar consignas contra el fondo inversor que había adquirido la casa de la mujer: «Urbagestión, asesinos», mientras han agitado sus llaves a modo de protesta.

Durante la lectura del manifiesto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, también ha señalado como responsables de la muerte de Maricarmen a los «especuladores», a las «leyes rentistas que lo permiten», a los gobiernos que «hacen esas leyes o que no hacen nada para cambiarlas», a la judicatura por aplicarlas «en lugar de escuchar los tribunales de derechos humanos» y a la «policía que ejecuta las órdenes y son cómplices».