Ayuso amenaza con llevar al Supremo la acampada de Sol si el delegado no la disuelve «de inmediato»

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que «agotará todas las vías judiciales ante el Tribunal Supremo» si no se atiende a la petición del Ejecutivo autonómico de desalojar de inmediato la Puerta del Sol, donde acampan cientos de personas desde el pasado 26 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana.

«Hemos analizado la interposición hoy mismo del recurso de reposición ante el TSJM para que la delegación del Gobierno desaloje de manera inmediata la acampada de la Puerta del Sol que va camino de 3 semanas, ocupando un espacio que es de todos, vandalizando el patrimonio común de los madrileños y arruinando a los comerciantes de la zona», ha confirmado Martín.

«Agotaremos todas las vías judiciales sin descartar incluso el recurso de casación ante el Tribunal Supremo si no se atiende nuestra petición de desalojo inmediato de la Puerta del Sol», ha destacado el consejero.

Asimismo, el Martín también ha hecho hincapié en que todavía «no se conocen el origen o las vinculaciones de algunas entidades que se han sumado a esta acampada», por lo que siguen «muy preocupados».

Exigencias al delegado del Gobierno

Por otra parte, García Martín ha recordado que este pasado martes la Comunidad ya envió otra carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para «exigirle el desalojo de la plaza porque no está garantizada la seguridad de los usuarios que utilizan el Metro de Madrid».

«Acabamos de ver este momento como las vías de evacuación están ocupadas y como la policía ha ordenado que cierre la estación de Sol», ha incidido el consejero, después de que esta mañana se haya tenido que cerrar la céntrica estación debido a las aglomeraciones.

«Responsabilizaremos al delegado del Gobierno de todo lo que pueda ocurrir en la Puerta del Sol ante la falta de seguridad para vecinos, comerciantes y trabajadores», ha concluido Miguel Ángel García Martín.