La degradación de Sol: de la lucha por la vivienda a la concentración de más de 40 organizaciones radicales

Ya han pasado casi tres semanas desde que cientos de personas llegasen con sus tiendas de campaña al kilómetro 0 de Madrid, en la Puerta del Sol, y lo que en un principio parecía tener vocación de lucha contra la crisis de la vivienda, se ha convertido en un escaparate para todo tipo de organizaciones radicales de la izquierda de nuestro país.

El Debate accedió hace unos días al interior de la acampada, donde varios de los organizadores explicaron el funcionamiento y la organización que conlleva que miles de personas estén viviendo en la plaza. Un centro sanitario, comedor, médicos, masajes, servicio psicológico, de peluquería e incluso una ferretería.

Sin embargo, más allá del día a día de los manifestantes, dentro esta ‘pequeña ciudad’ se pueden apreciar hasta más de 40 organizaciones que parecen velar más por una causa propia que por la crisis de la vivienda. Desde comunistas, anarquistas o miembros de la Izquierda Revolucionaria, hasta puestos de ecologistas, LGTBIQ+ o pro okupación conforman buena parte de la acampada.

Algunos de los más destacados, además del Sindicato de Inquilinas –principal organizador de las movilizaciones, pero que ya ha perdido fuerza tras desvincularse de la gestión directa la semana pasada–, son Greenpeace, quienes aportaron material desde el principio; Ecologistas en Acción; CNT Madrid; el Sindicato de Estudiantes o la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS).

Lucha contra los turistas

Por otra parte, muchos de estos colectivos que acampan en Sol señalan a los turistas como parte del problema que sufre la vivienda en España y, sobre todo, en Madrid. Desde un primer momento se observan carteles e incluso pintadas con mensajes como «turistas a vuestra casa». Una de las responsables de la carpa de CSO, que ofrece información sobre centros sociales okupados, nos explica a qué se dedican. «Nosotros ofrecemos información sobre centros sociales okupados, en los que, si tú necesitas un espacio para reunirte con tu colectivo o necesitas un local de ensayo para tu grupo, nosotros lo proporcionamos. Esto es hacer cultura y hacer barrio en espacios súper importantes como ‘La Casika’, en Móstoles, que están en riesgo de desalojo», afirma.

Asimismo, defiende la acampada y culpa a los turistas tanto de parte del problema de la vivienda como del mal aspecto de la Puerta del Sol previo a la movilización. «En los últimos años hay más casas para turistas que para personas que viven aquí, está la situación muy mal y no hacemos más que darle importancia al turismo y a esta gente que viene a ensuciarnos todo. Sol antes estaba en mal estado y era por los turistas, no por la gente que estamos aquí dentro. Si miras cómo está la acampada de limpia y miras cómo está afuera, te das cuenta de que los culpables no somos nosotros, sino los turistas que vienen aquí y no les importa nada», dice.

La Comunidad amenaza con llevar la acampada al Supremo

A pesar de que la Delegación del Gobierno se niegue desde hace días en disolver la acampada, la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que «agotará todas las vías judiciales ante el Tribunal Supremo» si no se atiende a la petición del Ejecutivo autonómico de desalojar de inmediato la Puerta del Sol. «Están ocupando un espacio que es de todos, vandalizando el patrimonio común de los madrileños y arruinando a los comerciantes de la zona», ha afirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Por su parte, Vox presentó este martes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid una querella contra el Delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, y contra los promotores y organizadores de la movilización.

«En un Estado democrático de derecho no cabe amparar tras el derecho fundamental de reunión que un colectivo organizado se apropie de forma indefinida de un espacio público, interrumpa la libre circulación, cause serios perjuicios a los comerciantes de la zona, deteriore el patrimonio cultural u obstaculice la labor periodística y, en definitiva, actúe al margen del ordenamiento jurídico sin consecuencia alguna», afirman.