Imputado un alto cargo de Más Madrid por presunto pucherazo en las primarias que encumbraron a Mónica García

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón (Plaza 7) está investigando un presunto delito de falsificación de documento público cometido por el secretario de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, por posibles irregularidades ejecutadas durante el proceso de primarias de la formación en Alcorcón.

Además de Ortega, entre los imputados se encuentran también Alessandra Romero Guijarro, concejal de Salud Pública, Consumo y Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Alcorcón, y otro trabajador de la propia Secretaría de Organización, que declararán el próximo 28 de octubre.

Victoria por tres votos

Según ha adelantado La Razón, el origen de esta causa penal nació durante el pasado verano a raíz de una denuncia interpuesta por varios militantes del propio partido, que sostienen que se habría manipulado el censo de voto interno para favorecer que ganasen en las primarias las candidaturas afines a Mónica García.

En dichos comicios internos se impuso la candidatura liderada por Manu San Pastor, que ganó por tan solo tres votos de diferencia a la de Trinidad Castillo (90 a 87). Sin embargo, los denunciantes sostienen que Castillo y uno de sus asesores no pudieron participar en las primarias porque les negaron la condición de militantes, a pesar de cargo público.

En este sentido, las acusaciones se dirigen a Ortega como presunto autor del pucherazo, así como también a Romero de haberla llevado a cabo en la realidad a través de inscripciones masivas sin control, la organización de actos políticos simulados y la emisión de solicitudes de validación presuntamente fabricadas.

El mecanismo empleado para completar estos supuestos actos había sido una herramienta informática de participación creada por la Secretaría de Organización. Los denunciantes aseguran que este se trata de un sistema «susceptible de ser alterado, manipulado y falseado en función de las necesidades de la dirección, permitiendo modificar la condición de militante, la antigüedad, la capacidad de voto y la legitimación para concurrir como candidato».

De este modo, los denunciantes sostienen que esta se ha tratado de una operación «ejecutada por varias personas con capacidad orgánica de decisión, reparto de funciones y con una finalidad común». Además, también indican que en las semanas previas al cierre del censo se habrían incorporado alrededor de 70 personas a la agrupación de Alcorcón.