Esperanza Aguirre declara como testigo este jueves en el juicio contra Ignacio González por el caso Lezo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, está citada a declarar como testigo este jueves en el juicio del 'caso Lezo' a su sucesor en el cargo, Ignacio González, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.

El caso provocó en 2017 la dimisión de Aguirre como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid tras la detención de González, quien había sido su 'número dos' durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012.

Ahora, la expresidenta regional testificará en el juicio por esta pieza del 'caso Lezo', en la que están acusados, además de González, el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid.

En la primera jornada del juicio el pasado martes, en la que las partes plantearon las cuestiones previas, González y el resto de acusados negaron los hechos por los que están siendo juzgados. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción solicita para todos ellos penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.

Presunto beneficio a familiares

Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.

Más tarde, en junio de 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, «con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación», según Anticorrupción.

«Guiados por dicho fin convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería», conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.

Los familiares del expresidente madrileño ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid, según Anticorrupción. La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, tras la intervención de Ignacio González e Ildefonso de Miguel.