Policías desalojan a los acampados
La Policía Nacional desaloja la acampada de la Puerta del Sol 38 días después
Los agentes han identificado a unas 334 personas y han detenido a dos durante el operativo, que se ha desarrollado desde las 03.00 horas de la madrugada
Alrededor de las 03.00 horas de la madrugada, la Policía Nacional ha desalojado a los acampados que quedaban en la Puerta del Sol. Fuentes policiales consultadas por El Debate afirman que se ha identificado a unas 334 personas y dos de ellas han sido detenidas.
Desde la organización de la acampada acusan a las autoridades del uso de violencia, afirmaciones que desmienten desde la Policía. «Ha salido todo muy bien y con tranquilidad, sin incidentes graves. Muchos de los acampados han salido voluntariamente», señalan. Una versión que también mantienen desde la Delegación de Gobierno de Madrid.
«Esperemos que ahora no pretendan desviar la atención con una cortina de humo, poniendo el foco sobre la Policía», afirman desde el sindicato Jupol. Y añaden: «El desalojo llega demasiado tarde y, a estas alturas, parece responder más a intereses políticos y a la necesidad de desviar la atención mediática que a una verdadera voluntad de actuar».
Desde la Delegación del Gobierno detallan que «el dispositivo ha estado integrado por 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y servicios sociales».
«La Delegación del Gobierno destaca la coordinación entre los cuerpos y servicios participantes y agradece la profesionalidad de quienes han intervenido en una actuación que ha permitido completar el desalojo sin alteraciones violentas del orden público, bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad», añade.
Desde la cuenta de la acampada acusan a las unidades antidisturbios de realizar una supuesta «intervención violenta» bajo las órdenes de la Delegación del Gobierno, dirigida por el PSOE. También afirman que varios acampados han resultado heridos como «consecuencia de golpes y el uso de gas pimienta».
Estas declaraciones contrastan con la actitud de algunos de los concentrados que aparece en las grabaciones. En uno de los vídeos se escucha a varios participantes decirse entre ellos «anclaje con los puños», mientras otros aseguran de fondo que «no se ha puesto agresivo nadie».
El desalojo se produce después de que la Delegación del Gobierno solicitara la semana pasada a los interlocutores de la protesta que pusieran fin a la acampada, instalada en la plaza desde el 26 de septiembre.
Comunicado de la Delegación
La Delegación del Gobierno ha emitido un comunicado en el que expone que:
Garantía de derechos y desalojo como último recurso
Desde el inicio, la Delegación del Gobierno entendió, con el debido asesoramiento jurídico, que la permanencia en la Puerta del Sol quedaba comprendida en el ámbito de protección del derecho fundamental de reunión, al concurrir una pluralidad organizada de personas con una finalidad reivindicativa común y con el propósito de dirigir su mensaje a los poderes públicos y a la opinión pública. En consecuencia, consideró aplicable el régimen jurídico propio de este derecho y solicitó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid que garantizara su ejercicio pacífico.
Esta consideración se mantuvo mientras la concentración conservó su carácter temporal y una finalidad reivindicativa común. Al mismo tiempo, la Delegación realizó una evaluación continuada de la situación, con asesoramiento jurídico e información policial actualizada, para conciliar el ejercicio del derecho de reunión con la protección de la seguridad, los derechos de terceros y el uso común del espacio público.
El artículo 23.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece que las medidas de intervención en reuniones y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias y que su disolución constituye el último recurso. Por su parte, el artículo 5.b) de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, contempla la suspensión y, en su caso, la disolución cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. Conforme a este marco, la Delegación dio prioridad a la interlocución, a la retirada voluntaria de las instalaciones y a la adopción de medidas concretas para corregir los riesgos detectados, valorando cada actuación de acuerdo con las circunstancias existentes en cada momento.
Durante todo este periodo permanecieron abiertos los canales de coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, así como la comunicación con las administraciones, los responsables del transporte público y las asociaciones empresariales que trasladaron incidencias.
En la línea anteriormente mencionada de interlocución, cabe destacar las comunicaciones mantenidas, en un primer momento, con la asociación «Sindicato de Inquilinas», convocante de la manifestación desarrollada el pasado 26 de septiembre de 2026, previa a la acampada, así como, con posterioridad, con quienes se identificaron como interlocutores de las personas acampadas.
Estas comunicaciones, mantenidas tanto de forma verbal como escrita, han supuesto la oportunidad de resolver situaciones de mayor o menor riesgo, como la protección de la fachada de la Real Casa de Correos para evitar su degradación, o la retirada ordenada de elementos sobre los respiraderos de Metro de Madrid, para llevar a cabo labores de limpieza.
Estos contactos han conseguido también avances en la desocupación progresiva en este espacio, como se viene observando desde hace dos semanas.
Todo este trabajo culminó el lunes 26 de octubre, siendo Francisco Martín el delegado del Gobierno de España en Madrid, con la remisión de un escrito a los acampados desde Delegación. En dicho escrito, se les informaba de que la Delegación había venido protegiendo el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación pero que, no siendo este derecho ilimitado, había trascurrido un periodo de tiempo razonable en el que se ha podido hacer llegar sus reivindicaciones a la sociedad. Además, se señalaba en el escrito tener constancia del cambio de las circunstancias y naturaleza de la acampada de la que se han retirado algunas de las organizaciones participantes y conociendo que un gran número de pernoctaciones en el campamento es de personas sin hogar, así como otros colectivos vulnerables, perdiendo, por tanto, el objetivo inicial de la misma. Con todo ello, se informaba a los acampados de que podría resultar legítimo poner fin a dicha acampada.
Días más tarde, y tras no obtener respuesta al anterior escrito, el 29 de octubre, siendo delegada Pilar Trinidad, se remitió un segundo escrito en el que, recogiendo todo lo señalado anteriormente, se pasaba a exigir el desmantelamiento de la acampada a la mayor brevedad.
Al día siguiente, 30 de octubre, se traslada a esta Delegación por parte de los interlocutores que se procede a disolver todas las comisiones mediante las que se ha venido organizando la acampada reivindicativa, dejando constancia de que su reivindicación inicial ha terminado. A pesar de ello, en el espacio quedan residualmente algunas personas acampadas que se niegan a retirarse.
En este contexto, la Jefatura Superior de Policía de Madrid puso en conocimiento de la Delegación la existencia de diversos hechos presuntamente delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada, algunos con afectación directa a personas instaladas en el lugar, transeúntes y agentes actuantes. La evolución de las circunstancias, la persistencia de las instalaciones pese a las comunicaciones efectuadas, las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso.
Durante todo este tiempo, por parte de la Delegación, se ha realizado una acción gradual que, tras no tener la respuesta necesaria por parte de aquellos que residualmente quedaban acampados, la pasada noche desembocaba en una acción policial de desalojo, en coordinación directa con el Ayuntamiento de Madrid y como consecuencia del oficio remitido a la Jefatura Provincial de Policía Nacional por parte de la delegada del Gobierno, pidiendo que se restableciese la normalidad en este punto de la ciudad, llevando a cabo las acciones necesarias, siempre bajo los criterios proporcionalidad y oportunidad y con especial atención a las personas vulnerables.