Identifican más de 1.800 agresiones y actos denigrantes a menores en una guardería de Pozuelo

Las acusaciones de las familias afectadas por los presuntos malos tratos a menores en la guardería Pecas de Pozuelo de Alarcón han identificado hasta 1.850 agresiones y actos denigrantes a los menores en las cámaras de seguridad del centro. La escuela infantil privada, investigada desde noviembre de 2023, fue clausurada en febrero de 2024 por carecer de licencia en cinco construcciones de las instalaciones donde se daban clases a los niños.

En aquel momento, el Ayuntamiento del municipio madrileño abrió un expediente sancionador a la guardería por operar sin la documentación necesaria y otro de suspensión y cese de actividad, ya que el edificio principal contaba con licencia de obras y de actividad, pero las cinco cabañas canadienses anexas no.

Aunque las irregularidades urbanísticas fuesen el causante principal del cierre, los episodios de violencia cobraron mayor importancia. La causa se inició a raíz de la denuncia de una trabajadora en prácticas que alertó de los presuntos malos tratos y aportó grabaciones realizadas de forma clandestina en las instalaciones. Esto ocasionó en junio de 2024 la detención de dos cuidadoras, a quienes se le impuso una orden de alejamiento respecto al centro.

Les empujaban y les zarandeaban

En aquel auto, los magistrados consideraron que las imágenes permitían identificar a las empleadas y describían actuaciones bruscas con los menores, especialmente durante el momento de la siesta, cuando algunas cuidadoras presuntamente los empujaban contra las colchonetas, les presionaban la cabeza, los cubrían con sábanas, les zarandeaban mientras dormían, les pegaban cachetes reiterados o les encerraban en cuartos a oscuras.

En otras imágenes figuran, además de las agresiones, acciones como tirar los chupetes de los niños al suelo para posteriormente dárselos, cambiarles los pañales sin utilizar toallitas para limpiarlos, emplear elementos sucios en su higiene o darles comida que se había caído al suelo. Las acusaciones particulares han continuado entretanto con el análisis de las grabaciones y han presentado distintos escritos para incorporar nuevas secuencias que, a su juicio, podrían constituir ilícitos penales, según apuntan fuentes jurídicas a Ep.

De esta manera, la investigación afecta a más de diez personas, entre ellas responsables de la dirección del centro y educadoras, por su presunta participación en los hechos o su relación con el trato dispensado a los niños. Entre las posibles infracciones legales, se encuentran delitos de trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro.

Por su parte, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado que la Inspección Educativa abrió hace tres años un expediente informativo y ha aclarado que se trata de un centro «totalmente privado», por lo que no recibe financiación de la Comunidad de Madrid.

«Una vez que se abre el proceso judicial penal, todo expediente administrativo tiene que suspenderse hasta que no haya un pronunciamiento judicial. Si se demuestran los hechos que se han denunciado, son obviamente condenables, repulsivos y, desde luego, no tienen cabida en ninguna escuela ni en nuestro sistema educativo», ha aclarado.

En el procedimiento figuran 21 menores, de hasta tres años, como posibles víctimas de los hechos denunciados.