El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González
La Fiscalía rebaja la petición de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio González en el caso Lezo
La defensa del ex 'número dos' de Aguirre defiende que es inocente y que no hay «ni una sola prueba» que avale las acusaciones
La Fiscalía ha rebajado su solicitud de condena de seis a cinco años de cárcel para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, acusado en el juicio del caso Lezo por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf en el ente público.
La fiscal ha apreciado en sus conclusiones finales este jueves la atenuante «de dilaciones indebidas favorable» para Ignacio González, para quien solicita cinco años de prisión por presunto cohecho y una multa de 500.000 euros.
Para el resto de acusados, el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, contratada por la compañía receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid, también rebaja la petición a 5 años.
La Fiscalía ha sostenido que la adjudicación «se hizo de una manera claramente preordenada con sólo una finalidad, permitir enriquecerse a los familiares» de González.
Para la fiscal, la participación de González fue «esencial» en este presunto delito de corrupción, ya que además de ser el vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre, «era nada más ni nada menos que el máximo órgano de contratación de esta adjudicación» en el Canal de Isabel II.
Las obras de la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II fueron adjudicadas en 2004 a Dragados, y la Fiscalía ha señalado que «incluso antes de que se hiciera esa adjudicación definitiva», esta compañía «ya había cerrado con TCT esa contratación».
Defensa de González
La defensa del expresidente madrileño, por su parte, ha pedido una sentencia absolutoria al argumentar que «no se ha practicado ni una sola prueba que avale las acusaciones» contra González.
«Ninguno de los acusados, ningún testigo, ningún perito, ningún documento ha respaldado» que González «haya adoptado una resolución arbitraria, haya malversado fondos públicos, haya ejercido tráfico de influencias o se haya lucrado de una intervención propia en un contrato administrativo», ha señalado su abogado, Esteban Mestre.