El exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín

El exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco MartínA. Perez Meca

Ayuntamiento de Madrid

Almeida denuncia penalmente al exdelegado por prevaricación ante la «inacción» en la acampada de Sol

El Ayuntamiento ha cifrado en 40.000 euros los daños y limpieza en la plaza, una cantidad que se incrementará

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado una denuncia penal de hasta 30 páginas en los juzgados de Plaza Castilla contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por un supuesto delito de prevaricación administrativa continuada en modalidad omisiva por su «inacción y dejación de funciones» en la acampada en la Puerta del Sol.

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz municipal, Inma Sanz, que ha confirmado ante los medios que el coste que ha supuesto para el Consistorio recuperar la plaza ha sido aproximadamente de 40.000 euros, aunque ha insistido en que la cifra aumentará finalmente.

Dentro de esta cantidad, el Ayuntamiento ha destacado el gasto de 8.500 euros por los toldos, 11.000 euros en reposición de mobiliario urbano y unos 12.000 euros «de momento» en limpieza de monumentos, y han adelantado que la estatua de Carlos III necesitará más trabajos.

Según desarrolla el propio texto, la concentración «fue tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, que tenía la competencia exclusiva de velar por la seguridad ciudadana y de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía en general y no solo de los ‘acampados’, aun sabiendo que dicha concentración en un espacio público no se ajustaba al ordenamiento jurídico».

Desarrollo cronológico de los hechos

Por otro lado, Sanz ha asegurado que la denuncia penal desarrolla cronológicamente los acontecimientos ocurridos durante la acampada, incluyendo todos los requerimientos enviados por el Ayuntamiento en su momento.

De esta forma, a lo largo de la denuncia se han incluido los requerimientos presentados por el Ayuntamiento durante las semanas de acampada, en los que se ponía en conocimiento de Martín la existencia de elementos que se podían utilizar como armas, además de informes de Policía Municipal y otros servicios sobre los altercados de orden público. También se ha hecho hincapié en el peligro ante una hipotética evacuación o los daños en los bienes de la plaza y los problemas de insalubridad.

Así pues, tal y como recoge la denuncia, «no se trataba de meras sospechas o hipótesis» que pudieran haber justificado la actuación de Francisco Martín, «sino que existían datos objetivos, fundados y suficientes» para ejercerla y poner fin a la acampada ilegal, no haciéndolo por su propia arbitrariedad. «Este comportamiento constituye, pues, una manifiesta injusticia, ya que carece de fundamento jurídico y obedece, exclusivamente, a la voluntad caprichosa de quien está llamado a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos», agrega el texto.

Finalmente, el Ayuntamiento también ha hecho hincapié en el cambio de criterio de la propia Delegación una vez dimitió Martín. «Entre el 26 de octubre, cuando dimite, y el desalojo el 3 de noviembre no se produjo ningún hecho relevante que hiciese variar el criterio. El único cambio de criterio (para levantar la acampada) fue la dimisión» de Francisco Martín, concluyen.

Respuesta de la Delegación

Ante la denuncia, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han incidido en que todavía no pueden realizar valoraciones al respecto al desconocer el contenido completo del texto.

Sin embargo, si que han señalado que "todas las decisiones adoptadas por esta Delegación del Gobierno desde el inicio de la acampada en la Puerta del Sol se han tomado con pleno respeto a la legalidad vigente, en particular a los derechos fundamentales, con rigor y responsabilidad.

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