Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, expresidente de la Junta Electoral Central y Magistrado jubilado del Tribunal SupremoAsamblea de Madrid

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Un expresidente de la Junta Electoral denuncia carencias en la identificación de los votantes del CERA

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, expresidente de la Junta Electoral Central y magistrado jubilado del Tribunal Supremo, denunció ayer en su comparecencia en la comisión de estudio del impacto de la ley de nietos de la Asamblea de Madrid algunas carencias en la identificación de votantes del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Colmenero fue el primero en tomar la palabra de los cuatro expertos que comparecieron en la primera sesión de esta comisión que tiene como objetivo analizar el impacto de la ley de nietos en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, este expresidente de la Junta Electoral Central, gran conocedor de todo el engranaje electoral español, puso de manifiesto las carencias que, a su juicio, existen en la identificación de los votantes del CERA respecto a los votantes residentes en España.

En este sentido, lamentó que es «imposible trasladar las reglas del voto en España al voto CERA» lo que supone una «merma en las garantías», especialmente en la identificación. «En España, cuando alguien va a votar en urna, se identifica con su documento de identidad en la mesa electoral, donde hay tres personas que están todo ese día realizando identificaciones, hay público, hay Policía, interventores, apoderados...», expuso.

Por su parte, en el voto en urna en los consulados, prosiguió, el votante sólo se tiene que identificar ante un único funcionario que, además, designa el propio consulado. «Ahí ya hay una debilidad, no es excesivamente trascendente, pero no es igual, no son las mismas garantías que en España», señaló.

En el caso del voto por correo en España, «es necesario identificarse, primero cuando se recibe en el domicilio el correo certificado con la documentación para votar y, desde 2023, también ante el funcionario de Correos a la hora de enviar el voto». En este caso, si no es el propio elector el que lleva el voto, debe llevar una autorización de la persona que vota, además de mostrar la suya propia. Para Colmenero, «máximas garantías posibles».

Sin embargo, en el voto CERA por correo «no tenemos ninguna seguridad de que los servicios postales extranjeros funcionen como el español». Es más, el exmagistrado del Supremo recordó que ya en 2009 la Junta Electoral Central criticó el «deficitario servicio de correos en el exterior, en países que concentran un gran número de votantes CERA». Algo «preocupante» a lo que, no obstante, reconoció que es «difícil ponerle solución».

Colmenero explicó que la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (LOREG), que regula el voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA), establece que cuando el elector opta por votar por correo, debe incluir uno de los certificados de inscripción en el censo, cuyo reverso debe llevar la firma y el número de pasaporte o DNI del elector y una fotocopia del pasaporte o DNI expedidos por las autoridades españolas. Pero fija que como «alternativas» a esa fotocopia se puede incluir un certificado de nacionalidad o, en su defecto, una certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.

Una excepción que, en su opinión, habría que suprimir. «Si vas a la urna en España y no llevas el documento de identidad, no vas a poder votar, ¿por qué en el voto CERA vas a poder hacerlo?», se preguntó.

Comisión sobre la ley de nietos

Además de Colmenero, también intervinieron el miércoles en esa primera sesión de la comisión sobre la ley de nietos Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, exmagistrado del Tribunal Supremo, Alejandro Macarrón Larumbe, coordinador del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, y María Eugenia Rodríguez Palop, profesora del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

Los dos primeros coincidieron al señalar las deficiencias que, en su opinión, plantea esta normativa y los peligros que puede entrañar para el sistema electoral español, mientras que Rodríguez Palop enmendó la resolución provisional del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos. «Mientras se resuelve la controversia, no se puede suspender el derecho a voto», sentenció la profesora, que intervino a petición de Más Madrid.