La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
Comunidad de Madrid
La izquierda se opone a la ley de Ayuso para acelerar la construcción de vivienda en Madrid
La Asamblea de Madrid aprobará este jueves la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocida como Ley LIDER
La Comunidad de Madrid aprobará este jueves la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, también conocida como Ley LIDER, cuyo principal objetivo es el de acelerar la construcción de vivienda y rebajar la burocracia en la región.
En este sentido, la mayoría absoluta del PP en la Cámara permitirá sacar adelante el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de esta norma, que fue aprobada en Consejo de Gobierno durante el pasado verano.
A pesar de los objetivos de esta normativa, no todos los partidos están a favor ella. Este es el caso del PSOE-M, que ha mostrado su rechazo afirmando «a privatizar el suelo y el urbanismo», y ha reprochado que durante su tramitación no se haya optado por el «consenso» y por hablar con ayuntamientos o agentes sociales afectados.
Más Madrid, por su parte, afirmó en su momento que esta norma «oculta un proyecto de región desalmada y desquiciada» porque la ley «pone el interés particular de los propietarios y promotores» por encima del interés general y el planeamiento público. Al contrario que estos dos partidos, Vox sí se posicionó a favor de agilizar la tramitación, aunque advirtió de que la redacción del texto generaba «cierta inseguridad jurídica».
Qué cambiará la Ley LIDER
Entre las principales novedades de LIDER destacan un nuevo modelo de Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo de entre cuatro y seis años.
La norma simplificará también la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a solo tres —urbanizado, rural protegido y rural no protegido—, con el objetivo de facilitar su gestión y aportar mayor seguridad y claridad a propietarios, ayuntamientos e inversores.
Igualmente, la ley reforzará la autonomía de los consistorios. En este sentido, los municipios de más de 15.000 habitantes podrán aprobar todos sus instrumentos de planificación urbanística, mientras que el Gobierno regional mantendrá las funciones de control de legalidad.
La Ley actualizará también la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, vigente desde hace casi 30 años, para adaptarla a la realidad actual del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región.
Además, las localidades de más de 20.000 habitantes serán las encargadas de autorizar las actuaciones de carácter excepcional que se celebren en su término municipal. Igualmente, actualiza el régimen de sanciones y prohíbe el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando no existan espacios habilitados para ello.