El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez
Carpetazo de Europa a la operación de las Cuatro Torres: el Ayuntamiento tendrá que devolver 20 millones de euros al Real Madrid
La Comisión Europea ha determinado que el convenio alcanzado para la venta de los antiguos terrenos de la Ciudad Deportiva de la Castellana «no constituye ayuda de Estado»
La Comisión Europea ha resuelto de forma definitiva el pleito de larga duración que la enfrentaba al Real Madrid y al Ayuntamiento de la capital por los acuerdos de venta de los antiguos terrenos de la Ciudad Deportiva de la Castellana. Determina que el convenio de regularización del año 2011 «no constituye ayuda de Estado».
La decisión implica una rectificación por parte de la Comisión, seis años después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) fallara a favor del club en su recurso contra la sentencia que le había exigido devolver al Consistorio de la capital 20 millones de euros por supuestas «ayudas ilegales», el último coletazo de la operación de las Cuatro Torres.
La disputa se originó por la permuta de tres parcelas que el Ayuntamiento realizó con el Real Madrid en 2011. Este intercambio se hizo en sustitución de la parcela B-32 en Las Tablas, incluida en el pacto inicial de 1998, pero que quedó bloqueado por una modificación en la Ley del Suelo de 2001.
Dado que la entrega de ese suelo no fue posible, el club y el Ayuntamiento pactaron entregar otras tres fincas (en Carabanchel, Chamartín y Valdebebas) con un valor equivalente al del terreno bloqueado. Sin embargo, este nuevo acuerdo fue declarado ilegal por la Comisión Europea en 2016, tachándolo de «ayuda estatal indebida».
Una investigación concluyó que el valor de los terrenos transaccionados se había sobrestimado en 18.4 millones de euros. Según la Comisión, esto otorgó al Madrid una «ventaja injustificada frente a otros clubes». Consecuentemente, en otoño de 2016, el Madrid tuvo que reembolsar aproximadamente 20 millones (incluidos los intereses) al Ayuntamiento, entonces bajo la presidencia de Manuela Carmena.
La demora encarecerá el reembolso
El Real Madrid, en un comunicado en el que se hace eco de la sentencia, alude a que «todas las valoraciones de tasadoras independientes aportadas por el Real Madrid y la de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda coinciden con la valoración establecida por los técnicos municipales en el Convenio de 2011». De la misma forma, apunta a que el Consistorio «recabó todos los informes técnicos necesarios (jurídicos, económicos y urbanísticos)» para el acuerdo de dicho año, «como hubiera hecho cualquier otro operador privado en condiciones de mercado».
El entonces concejal de Economía, Carlos Sánchez-Mato, presionó al club de Chamartín para que pagara. A la vez, Más Madrid, el partido gobernante, celebró el hecho como una victoria política, al recuperar el dinero y confirmar, a su juicio, la ilegalidad del pacto entre Alberto Ruiz-Gallardón y Florentino Pérez.
Vista de las Cuatro Torres
El Real Madrid reclama el dinero «de forma inmediata»
No obstante, el Real Madrid apeló de inmediato la decisión y llegó hasta el máximo organismo judicial europeo, que le dio la razón en 2019. El TJUE reconoció como legal la operación de intercambio de parcelas y estaba sujeta a los precios de mercado, afirmando que no merecía sanción. Por ello, los 20 millones debían ser devueltos al club.
El fallo llegó poco antes del regreso del PP a Cibeles, dejando el tema en suspenso y al Real Madrid a la espera de su dinero. El Consistorio volvió a consultar a la Comisión sobre la devolución de los 20 millones y esta, a pesar del dictamen del alto tribunal, mantuvo su recomendación de no hacerlo, según reconocían fuentes municipales a El Mundo. Sin embargo, la demora causará que la cifra aumente considerablemente.
Por su parte, el club blanco reclama «de forma inmediata la devolución de los 20,3 millones de euros ingresados al Ayuntamiento de Madrid en el año 2016, junto con los intereses de demora que procedan, conforme la legislación aplicable, al objeto de restituir los perjuicios económicos que le ha causado este expediente de investigación que se ha dilatado más de 12 años».