Imagen de archivo de los calabozos de los Juzgados de Plaza de Castilla
Sucesos
Dos funcionarios de prisiones sufren una «brutal agresión» en los calabozos de los juzgados de Plaza de Castilla
Los funcionarios carecen de condición de agentes de autoridad, lo que les complica en su tarea de mantener la seguridad
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado una «brutal agresión» el pasado viernes de un detenido a dos funcionarios en los calabozos de los juzgados de Plaza Castilla.
El suceso se produjo después de que un interno se negase a entrar en la celda después de declarar ante el juez. El sindicato lo ha calificado como un episodio de «violencia extrema, lanzando a la compañera por los aires, impactando contra un banco». Los dos funcionarios han resultado heridos, una de ellas presenta lesiones aún sin determinar.
El jefe de servicios acudió rápidamente junto con dos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, evitando el encarnizamiento del interno con la primera víctima. Sin embargo, el jefe también ha sido herido en su mano por la agresividad del interno.
«Falta de medios» ante una situación «diaria»
Desde el sindicato aluden a la «falta de medios y la inseguridad vivida en el desempeño de sus funciones por parte de los funcionarios de vigilancia que conviven todos los turnos de trabajo con una medida de 100 detenidos sin seguridad jurídica ni personal», mencionando que es una situación que ocurre «diariamente» en los calabozos de Plaza Castilla.
Así, se ha pedido reiteradas veces que sea la Policía Nacional quien se haga cargo de los Juzgados, debido a que los funcionarios carecen de condición de agentes de autoridad, lo que les complica en su tarea de mantener la seguridad.
«Valoramos de manera extraordinaria la labor de nuestros compañeros. Es admirable la demostración diaria de profesionalidad y dedicación en un medio tan hostil», apuntaban desde APFP, deseándoles una pronta recuperación.
Asimismo, exigían al Ministerio del Interior la consideración de los trabajadores penitenciarios como agentes de autoridad, el reconocimiento de profesión de riesto, la adecuación de los medios coercitivos al siglo XXI con la aprobación de táser y un incremento de las plantillas para ajustarlas a las demandas reales de los centros, aminorando así las agresiones que padecen.