La tasa de basuras de Madrid: cómo se calcula y sus modificaciones para 2026

Con todas las formaciones protestando contra ella, la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) volverá a protagonizar un nuevo Pleno de Cibeles. Como ya ha anunciado el Gobierno municipal, este impuesto sufrirá modificaciones a partir del mes de enero de 2026. Sin embargo, el resto de ediles consideran insuficiente.

Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, reiteraba su invitación a los grupos municipales de acompañarle al Ministerio de Hacienda para «pedir que se derogue». «Mi postura es clara. Que dejen de hacer demagogia y engañar a los madrileños», decía sobre PSOE y Más Madrid, a quienes acusaba de «querer cobrarle la tasa» a los madrileños, mientras que «el alcalde no quiere».

Este impuesto fue calificado por el regidor como la «gran mentira», ya que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no Europa ni el Ayuntamiento de Madrid, quien lo implantó. El mismo vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, reconocía que la Directiva (UE) 2018/851 no obligaba a aplicar un gravamen para cubrir los costes de la gestión de los residuos, siendo el culpable del «sanchazo» la Ley 7/2022 de gestión de residuos y suelos contaminados.

El cálculo de la tarifa, hasta ahora

Hasta ahora, la tasa de basuras para los edificios de uso residencial se ha regido por tres principios: el valor catastral de la vivienda —constituyendo la tarifa básica (TB), fijada anualmente, que representa el 81 % del impuesto—, la cantidad media en kilos de residuos generados al año en cada barrio teniendo en cuenta los empadronados en este —tarifa por generación (TG)— y la separación de residuos en cada barrio —coeficiente de calidad en la separación (CCS)—. La cuota tributaria será el resultado de la suma de la tarifa básica al resultado de la multiplicación de la tarifa por generación y el coeficiente de calidad, es decir: TB + (TG x CCS).

Este impuesto contempla la reducción del 100 % a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

En el caso de las familias numerosas, las bonificaciones van desde un 90 % tanto a la categoría general como a la especial si el valor catastral es inferior a 204.001 €. Entre ese valor y hasta los 408.000 €, se disminuirá un 50 % a la categoría general y un 80 % a la especial. A partir de esa cifra, la rebaja será del 10 % para la categoría general y de un 30 % para la especial.

En 2026 se tendrán en cuenta los empadronados

Una de las grandes críticas a la TGR del Consistorio fue la igualdad de trato a todos las residencias, sin importar cuántas personas lo habitaban. Por ello, a partir de enero de 2026, se establecerán diez tramos en función de las personas empadronadas en el inmueble. De esta forma, según la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, «aportará mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo» ante el «desastre» de la ley, que «no define los elementos esenciales del tribuno y ha hecho que los Ayuntamientos en cada sitio lo haya instrumentado de una manera».

Por ello, las viviendas vacías solo pagarán la parte fija correspondiente por la disponibilidad del servicio. Esta condición, también establecida para los locales donde no se realiza ninguna actividad, deberá ser acreditada cada año.

Asimismo, se mantendrán las reducciones para las familias numerosas y la exención para quienes reciban el IMV o la RMI. Tampoco estarán sujetos las plazas de garaje, los trasteros, los solares o los edificios en ruinas.

A partir de 2026 se podrá fraccionar el pago del impuesto, pudiéndose dividir en 2, 3, 5 o 9 cuotas. De esta forma, se podrá obtener descuentos del 5 %, con un límite de 15 euros de ahorro.

Las críticas del Pleno

El portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Eduardo Rubiño, exigía a Almeida «asumir sus propias responsabilidades» y le tendía la mano para diseñar una «tasa más justa», teniendo en cuenta los niveles de renta, así como la «devolución de las cantidades ingresadas» con la actual ordenanza.

Por su parte, desde el PSOE se insiste que la tasa «viene de Europa», además desde el Gobierno, pero hacen hincapié en que es el Ayuntamiento quien decide «cómo se aplica, cómo se cobra y a quién se carga el coste». «Es aquí donde Almeida ha fallado», señalaba la portavoz socialista, Reyes Maroto.

El Grupo Municipal Vox lamentaba que, con uno de «los mayores presupuestos para gastos de limpieza» se imponga una «brutal tasa de basura de casi 300 millones de euros al año». «Ha estado encantado bajo la 'excusilla' de que esto era una imposición de Sánchez, pero está encantado de meterle el sablazo a los madrileños», lamentaba el portavoz Javier Ortega Smith. La formación reclamó ante los tribunales el tributo, advirtiendo que el 80 % del 'tasazo' está «basado en el IBI y no tiene en cuenta ni la cantidad de residuos que generas ni tu capacidad de reciclaje».

Por su parte, el primer edil señalaba la acumulación de cartones en los alrededores de los contenedores como uno de los elementos a mejorar en la limpieza de la ciudad. «Madrid no es una ciudad sucia, es una ciudad limpia, pero hay que mejorar para que sea más limpia», apostillaba.