La Guardia Civil, indignada. Así han dejado sus Toyota Land Cruiser los asistentes a una fiesta ilegal

Hace días que la Guardia Civil lleva denunciando a través de sus agrupaciones el desastroso operativo organizado por los mandos para una de las fiestas rave (fiesta electrónica ilegal) más importantes que se esperaba este año con motivo del inicio de 2026.

Se trata de la Big Fucking Party, una macro quedada ilegal que el año pasado ya reunía a más de 1.000 personas en unos terrenos aledaños al aeropuerto de Ciudad Real y este año estaba prevista su celebración en la localidad de Torraba, en Albacete.

Al margen de la ley

Un evento en el que se esperaba la llegada de unas 5.000 personas para el cual el operativo de seguridad previsto fue claramente insuficiente, con un despliegue de unas decenas de agentes que con el paso de las horas y las crecientes complicaciones tuvo que ser aumentado hasta los 300 guardias civiles del GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) llegados de Zaragoza, Valencia, Sevilla y Madrid.

Los GRS pertenecen a una unidad de élite especializada en el mantenimiento y restablecimiento del orden público y en grandes eventos. Finalmente los asistentes, perfectamente organizados, trasladaron el evento al embalse de El Cenajo, en el municipio cercano de Férez.

Destrozos millonarios

El despliegue de la Guardia Civil contaba con el apoyo de decenas de Toyota Land Cruiser, se trata de los vehículos más duros y resistentes con los que cuentan las fuerzas de seguridad españolas, en este caso con motor diésel y con un completísimo equipamiento de seguridad que incluye hasta protecciones antibarricadas frontales y traseras.

Solo en los últimos años la Guardia Civil ha recibido más de 200 unidades de este vehículo, algunos de ellos blindados, que son casi imprescindibles para mantener la seguridad en algunas zonas como el Campo de Gibraltar, donde se ven obligados a rodar por las playas y por terrenos muy agrestes para perseguir el tráfico de drogas.

En el transcurso de los disturbios los asistentes destrozaron algunos de estos vehículos que tienen un precio estimado superior a los 70.000 euros, pues el equipamiento de seguridad con el que cuentan es extremadamente completo, tanto en materia de seguridad como incluso en medidas electrónicas.

Los agentes se quejan de que las órdenes limitan su capacidad de autodefensa, de hecho en este operativo carecían incluso de escudos personales y protecciones.