Primero París y ahora Madrid: ¿Cuánto tiempo van a aguantar las Zonas de Bajas Emisiones en España?

Hace unos días que el Parlamento francés votaba y decidía por mayoría la derogación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de todo el país, lo que incluye ciudades como París, Marsella o Lyon.

Con esta decisión Francia dejaba claro al resto de Europa que las Zonas de Bajas Emisiones no son una obligación de Bruselas, sino que la Unión Europea obliga a mejorar la calidad del aire de las principales ciudades comunitarias, pero en ningún caso decreta la puesta en funcionamiento de limitaciones a la circulación de los automóviles en función de sus emisiones contaminantes.

Bruselas no obliga a nadie

Ahora es Madrid la que obligada por una sentencia judicial del Tribunal Supremo ha visto como las Zonas de Bajas Emisiones han quedado derogadas tras tres años en funcionamiento. En este caso el tribunal ha valorado que nadie ha analizado las consecuencias económicas de la activación de las mismas.

De acuerdo con la sentencia, las ZBE de la capital deberían haber quedado derogadas, pero fue el propio Ayuntamiento quien en el mes de marzo terminaba con ellas y ponía en vigor una nueva generación de las mismas, con lo cual se mantienen vigentes y a salvo de la justicia por ahora.

Solo en una de cada tres ciudades

Se trata de un precedente que refleja la realidad de lo que está pasando en casi toda España con las ZBE en las pocas ciudades que han decidido ponerlas en funcionamiento; solo una de cada tres de las 150 que deberían haberlas activado ya hace tres años.

La realidad es que no existe un mecanismo coercitivo que permita activarlas, por lo que la mayor parte de las ciudades han decidido no hacerlo, aunque algunas como Madrid y Barcelona han decidido convertirse en abanderados de las ZBE y ponerlas en marcha contra viento y marea y contra sentencias judiciales.

A partir de ahora el recorrido de las Zonas de Bajas Emisiones es de nuevo cuestionable, sobre todo cuando se aplique el criterio francés que las considera discriminatorias, pues han provocado que solo puedan circular los conductores más pudientes. De hecho es cuestión de horas que algún partido político o asociación de conductores recurra las nuevas ZBE de la capital en los tribunales, lo que nos devolvería a la casilla de salida.

De la misma manera que todas las multas que han puesto mientras estaban en vigor no son cuestionables, sino que directamente no deberían ser válidas y los ayuntamientos deberían devolver el importe.