La Guardia Civil compra una flota de furgonetas francesas: ¿Pueden obligarla a comprar coches de fabricación nacional?

Los fondos europeos Next Generation han permitido transferencias millonarias durante los últimos años a los países miembros de la UE para favorecer la descarbonización de la atmósfera, lo que ha permitido una renovación que podríamos llamar histórica de las flotas de vehículos oficiales y de las fuerzas de seguridad.

Así, las noticias sobre la incorporación de nuevos vehículos a organismos públicos son constantes, aunque lógicamente todos los servicios que cumplen estos vehículos no pueden cubrirse con vehículos eléctricos e híbridos.

No pueden ser eléctricos

Esta última flota recién adquirida por la Guardia Civil es una muestra de ello; se trata de 70 vehículos tipo furgoneta que van destinados al servicio de investigación de accidentes, al menos 68 de las 70 que van rotuladas como vehículos patrulla y con luminosos, frente a otras dos que no llevan ningún distintivo y que podrían destinarse a labores de patrulla como vehículo camuflado.

Se trata de Renault Trafic, una de las furgonetas más populares del segmento que está producida en la fábrica de la marca en Batilly, Francia. Al final, el hecho de comprar vehículos que no están producidos en territorio nacional abre la polémica de hasta qué punto el Gobierno de un país no debería obligar a que todos los vehículos de uso oficial o que se incorporen a las fuerzas de seguridad sean de origen nacional.

Este modelo mide 5,48 metros de largo y tiene motor diésel en versiones de 110, 130 y 150 caballos, con un precio entre los 40.000 y los 50.000 euros.

Pues bien, conviene saber que lo impide la Unión Europea en los artículos 34, 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la UE, donde aparece el principio de no discriminación que prohíbe restringir de cualquier manera el libre comercio entre los países miembros.

Prohibido el libre comercio

Más aún en el caso de una marca como Renault que cuenta con dos fábricas en territorio nacional y un grado de implantación altísimo. Este tipo de compras se hacen siempre por procedimientos públicos y prohíben la aparición de cláusulas como «vehículo fabricado en España».

Es cierto que en algunos tipos de adquisiciones excepcionales sí puede hablarse de limitar las compras por motivos de seguridad nacional, por ejemplo, en la adquisición de material militar de combate, o cláusulas medioambientales si la marca no tuviera talleres en España y hubiera que llevar los vehículos a otro país, incluso por motivos logísticos, pero en ningún caso por lugar de producción.

Otra cosa que no es de dominio público es que muchas veces esos concursos de compra incluyen cláusulas que teledirigen la compra a un modelo concreto, limitando el acceso de otros por cosas como la medida o el hecho de tener o no tracción integral.