Imagen de recurso de un alcoholímetro
El Congreso aprueba bajar la tasa de alcohol al volante: ¿cuál será el nuevo límite permitido?
Sale adelante la ley del PSOE para bajar la tasa de alcohol al volante con el rechazo de PP y Vox
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista relativa a la reducción de la tasa máxima de alcohol en la conducción.
La votación ha vuelto a estar muy ajustada y esta vez la ley del PSOE ha superado este primer test con 173 votos a favor frente a 168 en contra del PP, Vox y UPN y la abstención del PNV. Hace seis meses la iniciativa fue rechazada por un voto.
Durante el debate de la toma en consideración de la proposición de ley, el diputado del PSOE Manuel Arribas Maroto ha defendido que esta medida «puede contribuir a salvar vidas». «Mientras exista una sola decisión que pueda evitar una muerte en nuestras carreteras, esta Cámara tiene la obligación de intentarlo», ha manifestado.
La ley socialista propone la modificación del artículo 76 de la ley de Tráfico, introduciendo como infracción grave «conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre».
Multas y puntos
También se introduce como infracción muy grave «conducir con tasas de alcohol superiores a 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre, o con presencia en el organismo de drogas», modificando el artículo 77. Para dichas infracciones, se fijan sanciones con multa de 1.000 euros.
Si acaba prosperando, la escala de pérdida de puntos quedaría fijada en dos puntos para quienes conduzcan con una tasa superior a 0,1 y hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado; cuatro puntos para tasas superiores a 0,25 y hasta 0,5 miligramos; y seis puntos cuando se supere el límite de 0,5 miligramos.
Según el texto, la reforma «no tiene un enfoque represivo, sino que persigue, como es propio de cualquier sociedad moderna y democrática, que sus ciudadanos puedan ejercer con seguridad su derecho a la libre circulación sin ver comprometidas su vida y su integridad física, todos ellos derechos fundamentales reconocidos por nuestro texto constitucional».