Se acaba la tregua para los propietarios de coches sin etiqueta: El Gobierno obliga a los ayuntamientos a multarlos

Aunque todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberían haber puesto en funcionamiento Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en enero de 2023, la realidad es que casi cuatro años después menos de la mitad de estas ciudades las han activado, y muchas de ellas siguen sin multar aunque ya las tengan.

El problema es que la Administración volcó sobre los ayuntamientos toda la responsabilidad sobre su puesta en funcionamiento, medidas muy poco populares de las que nadie quiere ser responsables.

Zonas de Bajas Emisiones falsas

Así, nos encontramos todo tipo de excepciones para el despliegue de ZBE que no son funcionales, como por ejemplo desplegarlas en zonas sin tráfico, por ejemplo Sevilla lo hizo en Isla Mágica, activarlas durante la noche o directamente no multar a ningún conductor.

Se trata de soluciones improvisadas por los ayuntamientos que quieren cumplir con las ZBE pero no quieren problemas con los residentes en el área metropolitana de la ciudad. En el fondo no les falta razón, porque Bruselas no estipula la obligatoriedad de poner en marcha las ZBE, sino que su acción se limita a controlar que la calidad del aire es la adecuada en una ciudad determinada.

Bruselas no obliga a nada

Es cierto que en caso de no cumplir con los niveles de calidad entonces sí pide que el ayuntamiento afectado despliegue medidas para rebajar la contaminación pero en ningún caso dice que están medidas deban centrarse en los conductores, sino que también pueden afectar por ejemplo a las calefacciones o al transporte público.

De acuerdo con una información de El País, el Gobierno va a aprobar hoy mismo un decreto para obligar a que todos los ayuntamientos de las ciudades de más de 50.000 habitantes pongan en marcha Zonas de Bajas Emisiones y que además hagan efectivas las multas, es decir que las cobren a los conductores.

Para ello va a presionar con eliminar algunas de las ayudas públicas que reciben los ayuntamientos, partidas destinadas al transporte público entre otras, lo que les va a obligar a subir el precio de los autobuses públicos por ejemplo.

En paralelo, el Gobierno va a obligar a los consistorios a devolver íntegramente las partidas de fondos Next Generation recibidas por los ayuntamientos que no las activen, cientos de millones de euros facilitados por Europa para la modernización de infraestructuras y para la peatonalización de cascos urbanos y la mejora de zonas industriales.

Junto al marco legal creado por el Gobierno para el despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones, la DGT tipificó circular por una de estas zonas con la etiqueta equivocada como una infracción grave y como tal sancionada con 200 euros.

Hasta el momento los ayuntamientos habrían recaudado unos 1.000 millones de euros por este tipo de sanciones, aunque las sentencias judiciales que las han anulado obligarían a que los ayuntamientos a devolver el importe de las mismas, de hecho algunas ciudades como Málaga ya lo están haciendo.