Un gallego se libra de pagar 900 euros de multa por el mismo error que lleva cometiendo desde hace años la DGT

Parece mentira que con una recaudación anual por multas superior a los 1.000 millones de euros anuales, la DGT y los ayuntamientos vuelvan a caer en los mismos errores que les sirven a los conductores para anular sanciones de tráfico, algo difícil de creer si no fuera porque en este caso han intervenido los tribunales.

La historia comienza con una simple multa de circulación, una infracción grave en la que un radar identifica a un vehículo sin que haya posibilidad de parar e identificar al conductor, tal y como es habitual en estos casos.

Sin identificar

De hecho, hace ya tiempo que la Guardia Civil de Tráfico viene denunciando que la falta de efectivos les impide cada vez más parar a los conductores sancionados, entregarles el boletín de denuncia y recriminarles su infracción.

En este tipo de infracciones, el propietario del vehículo recibe un boletín en su casa para identificar al conductor, con el cual en un plazo de 20 días es obligatorio dar sus datos completos que permitan su identificación. De no ser así, la multa vuelve al propietario y si finalizado el plazo de 20 días no hay identificación efectiva el importe de la sanción se multiplica por 2 si es leve y por 3 si es muy grave o grave.

El doble o el triple del importe

En este caso el procedimiento siguió su curso y la multa volvió al propietario multiplicada por tres al ser grave, con lo cual el propietario tuvo que hacer frente a una multa de 900 euros, afortunadamente no la pagó ni con ni sin recargo e inició la vía judicial por un defecto de notificación, pues el propietario insistía, e hizo valer ante el tribunal, que no había sido notificado de la infracción inicial.

La situación terminó con el Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia gallego dando la razón al conductor, lo que significa que anularon la multa y el ayuntamiento sancionador tuvo que hacer frente a los costes del procedimiento, en este caso 300 euros.

Hace años el truco era identificar a ciudadanos extranjeros a los que la DGT nunca tendría posibilidad de notificar la sanción, por lo que en una de las modificaciones del Reglamento de Circulación se introdujo el procedimiento de que la sanción vuelva a la casilla de salida y recaiga sobre el titular del vehículo, ya ser persona física o jurídica.