El rey de Marruecos, Mohamed VIEuropa Press

Hackeos con música folclórica marroquí y una carta del Gobierno: las presiones para silenciar al campo

Miembros de COAG revelan las consecuencias de su ofensiva contra la avalancha de productos procedentes de terceros países favorecidos por acuerdos comerciales

La guerra sin cuartel de los agricultores españoles contra la competencia desleal y las importaciones masivas de frutas y hortalizas encuentra en Marruecos un enemigo acérrimo.

El reino magrebí ha experimentado un crecimiento agroalimentario sin precedentes en los últimos tiempos. El acuerdo comercial favorable con la Unión Europea (UE) y la laxitud de su normativa lanza al vecino del sur como potencia productora, lo que pone en riesgo la posición de España como huerta de Europa.

Marruecos ya suministra más tomates que España al mercado europeo y su pujanza en cultivos como el aguacate o los arándanos amenazan la rentabilidad de las fincas situadas en el lado norte del Estrecho de Gibraltar. El campo español se resiste y, pese a no contar con el apoyo de la Administración en su lucha, las organizaciones profesionales agrícolas y en particular COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) insisten en su beligerancia contra los productos marroquíes «que juegan con otras reglas que los europeos».

La labor de COAG frente a los métodos de Marruecos cuenta con dos episodios de alta tensión que han dejado consecuencias más que destacables para la organización.

El primero de estos sucesos se produjo en 2021, cuando la organización española exigió la suspensión inmediata del acuerdo comercial entre la UE y Marruecos por la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que confirmaba que dicho acuerdo, modificado en 2019, violaba el derecho internacional por vulnerar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental.

La acción de COAG tuvo un efecto casi inmediato. «Son temas en los que pisas muchos callos y suelen tener implicaciones», explican fuentes de la organización, que revelan en conversación con El Debate el surrealista ataque sufrido tras su reclamación: «Nos ha pasado de todo, pero lo más impresionante fue cuando amanecimos con la página web hackeada. Entrabas en nuestro portal y los caracteres pertenecían al alfabeto árabe y sonaba música folclórica marroquí de fondo», apunta todavía incrédulo al ataque el miembro de COAG, que señala que los técnicos necesitaron varios días para recuperar la normalidad en la web.

Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG y experto en la situación de Marruecos, se toma con sorna la problemática antes de desvelar otro evento de este enfrentamiento: «No tengo pensado veranear en Casablanca», apunta.

El hackeo no quedó en un hecho aislado. «Habitualmente recibimos mensajes amenazantes en nuestra web y en las noticias de Facebook que colgamos sobre el tema. Notamos que hay una vigilancia por parte de Marruecos, sobre todo cuando mencionamos el asunto saharaui. Yo me siento inseguro, no creo que la cosa vaya a ir a más, pero está claro que es una cuestión incómoda».

El segundo evento en el que COAG experimentó presiones para aminorar con su lucha está muy reciente. El pasado enero COAG denunció que desde 2019 Marruecos supera con creces el contingente de tomates libres de arancel que introduce en la UE vía España. Los cálculos de la investigación muestran que Marruecos tendría que haber pagado 71,7 millones de euros a España en los últimos cinco años, unos 14 anuales, por el excedente de tomate que han introducido en el mercado europeo sin pasar por caja.

«Nuestra reclamación sentó muy mal en el Gobierno, que se dirigió a COAG con una carta de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, pidiéndonos aclaraciones e información. ¿Información? Dánosla tú que es quien lo debería saber», reprocha Góngora al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La organización agrícola, empoderada por el respaldo obtenido, anunció acciones legales por la supuesta evasión fiscal de Marruecos; sin embargo, parte de ese apoyo se diluyó: «Contábamos con abogados que decían que era un tema que les gustaba, que iban a ayudarnos y luego, cuando lo hicimos público, pues ya no lo tenían tan claro», comenta Góngora, que concluye que la pugna con Marruecos, a lo que se suma la explotación del terreno reivindicado por los saharauis «para nosotros es una cuestión de competencia desleal, de comercio y de mercado, pero para ellos está en juego su soberanía sobre un territorio, va más allá de lo meramente comercial. No va solo de tomates».