En lucha por acortar la vida laboral en el campo, la más mortal: «Es imposible llegar a los 67 años»

Desarrollar la agricultura o la ganadería de manera profesional significa dedicarse a la actividad laboral más peligrosa que existe en España.

Así lo evidencia el Informe Anual de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestra que en 2023 el sector agrario registró el mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en España, con 8,23 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores, muy por encima de la media nacional.

Los datos revelan una realidad sufrida diariamente en el entorno rural, donde todo trabajador ha sufrido un susto alguna vez, ha presenciado un accidente grave e incluso ha perdido a un compañero, amigo o vecino en las labores cotidianas.

Solo en en el último mes, son cuatro los agrarios que han fallecido a los mandos de su tractor; dos en Málaga, de 59 y 72 años tras sendos vuelcos, uno en Tarragona después de chocar con un camión y otro en Teruel, de 76 años, también tras un vuelco.

Vuelcos, aplastamientos, amputaciones o calambrazos aparecen como las causas de riesgo más habituales para los agrarios, cuya posibilidad de morir se multiplica con la edad. El índice de mortalidad laboral casi se triplica a partir de los 55 años, situándose en más de 20 muertes por cada 100.000 trabajadores en ese tramo. La edad media de los agricultores españoles es de 62 años, más de la mitad de ellos tiene más de 65 años y casi el 70 % es mayor de 56.

Esta situación ha empujado a COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y la UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores) a solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones permitir a agricultores y ganaderos anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Los agrarios, apoyándose en el Real Decreto 402/2025 del 27 de mayo, instan al Ministerio a inicie el procedimiento para permitir la jubilación anticipada de los agricultores y ganaderos autónomos por la alta siniestralidad y el carácter penoso de la actividad.

«No es una cuestión de privilegios, sino de justicia social. El campo envejece jugándose la vida. La elevada siniestralidad, las enfermedades profesionales, y las durísimas condiciones laborales hacen imposible alargar la vida laboral de nuestros hombres y mujeres del campo hasta los 67 años. Pedimos que un agricultor que sea vea obligado a prejubilarse lo pueda hacer manteniendo el 100 % de los derechos y prestaciones como si dejara la actividad a la edad legal establecida», expresa Miguel Padilla, secretario general de COAG, después de registrar en sede ministerial el informe con los argumentos técnicos, jurídicos y sociales que respaldan esta demanda.

La documentación aportada por COAG y UATAE señala los trabajos específicos en los que los agrarios se exponen a riesgos, como el uso de fumigadores para control de plagas, el manejo de maquinaria agrícola móvil, la exposición a sobreesfuerzos que dañan el sistema muscoesquelético o el manejo de ganado por enfermedades transmisibles.

«Estamos hablando de personas que durante décadas manejan tractores de 35 toneladas, trabajan aisladas en entornos remotos y sufren una alta incidencia de infartos, amputaciones y enfermedades musculoesqueléticas. ¿Realmente alguien piensa que es razonable exigirles aguantar hasta los 67 años?», condena Javier Fatás, responsable de Seguridad Social Agraria de la Comisión Ejecutiva de COAG.

La sensación a pie de cultivo es que el procedimiento abre una oportunidad para que el campo «deje de pagar con vidas y falta de salud la falta de sensibilidad de la Administración», indica Padilla.

María José Landaburu, secretaria general de UATAE, ha recordado que el Estatuto del Trabajo Autónomo recoge que los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras autónomas convergerían con los del régimen general. «Con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, hemos solicitado formalmente que se reconozca el carácter penoso, peligroso e insalubre de determinadas actividades del campo, como la agricultura, la ganadería y la apicultura, que sufren una alta morbilidad y mortalidad laboral. Este es sólo el comienzo», ha aseverado.

La lucha de agricultores y ganaderos para jubilarse de manera anticipada sin perder beneficios se aferra al Real Decreto 402/2025 del 27 de mayo: «Es hora de que el Gobierno actúe y aplique los coeficientes reductores que la ley ya prevé. La agricultura y la ganadería profesional merecen el mismo trato que otros sectores penosos reconocidos, caso de la minería o bomberos», concluye Padilla.