La alianza contra la sustitución de olivos por placas solares avisa a los ediles: «Habrá consecuencias penales»

SOS Rural y Ecología y Libertad, el tándem que ha iniciado la macrocausa para frenar la sustitución de olivos por plantas fotovoltaicas, ha formulado 29 escritos dirigidos a los ediles de Lopera, Arjona y Marmolejo que en los que señala del riesgo de no frenar estas instalaciones al considerarlas nulas de pleno derecho.

La alianza ha señalado que el fraccionamiento ilegal de un megaproyecto en varios, todos con una potencia instalada de menos de 50 MW, busca evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial e incurre en un fraude de ley.

«Se les comunica –tanto a la alcaldesa de Lopera como a los ediles– las consecuencias de gran magnitud que tendrán que asumir, tanto ellos como su Consistorio, si siguen adelante con las concesiones de licencias cuando, fruto de los vicios que hacen ilegales estas instalaciones –y en virtud del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas– se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales de las plantas», apuntan las asociaciones que tratan de evitar la implantación de plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas productivos.

La acción de SOS Rural y Ecología y Libertad ahonda en el «fraccionamiento ilegal» de los proyectos desde la perspectiva sectorial y ambiental, realizado para evitar la competencia estatal en la aprobación de lo que, en realidad, es un megaproyecto y evitar así –mediante supuesto fraude de ley– una evaluación ambiental conjunta para los 9 proyectos y tramitada por el procedimiento ordinario.

Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, ha subrayado que los alcaldes y concejales de estos municipios de la Campiña Norte de Jaén deben saber que, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, «estos proyectos son ilegales por lo que, si deciden conceder las licencias, las promotoras de los proyectos ejercerán una acción por responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento cuando se anulen las autorizaciones sectoriales y ambientales».

El TSJA indicó el pasado 15 de julio mediante una resolución la nulidad de las autorizaciones para las instalaciones de estos tres municipios, confirmando los criterios sentados al respecto por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

«En esta defensa de ese símbolo nacional que son los olivos tradicionales somos David frente a Goliat, pero también sabemos que la ley y la verdad están de nuestra parte, por lo que es necesario que todos los concejales y los alcaldes de Lopera, Arjona y Marmolejo sepan que, si aprueban las licencias de esas 9 instalaciones fotovoltaicas, lo están haciendo de algo ilegal, que se van a declarar nulas y que no hacer nada tendrá graves consecuencias penales para sus ayuntamientos y para ellos mismos», asevera Corbalán

Los escritos enviados a los alcaldes y a los ediles solicitan información a los tres ayuntamientos sobre el estado de las licencias. De haber sido concedidas ya, Ecología y Libertad solicita acceder a ellas y, en caso de no haberlas concedido aún, piden personarse en esos expedientes. Además, indican que la aprobación de las licencias por parte de los ayuntamientos puede ser constitutiva de un presunto delito contra el medio ambiente.

Esta petición se hace en virtud del derecho de acceso a la información pública, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y artículo 24 de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía. «El plazo para resolver y notificar las solicitudes de información pública, de acuerdo con la normativa de transparencia de aplicación, es de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud, finalizados el pasado 25 de agosto de 2025, pero aún no hemos recibido respuesta por parte de ningún ayuntamiento», condena Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.