Cuando los cazadores pagan las facturas de la naturaleza

En los años treinta del siglo pasado, Estados Unidos estaba al borde del colapso faunístico. Los ciervos de cola blanca habían desaparecido en buena parte del país, los berrendos apenas resistían en unas pocas llanuras y los pavos salvajes —que habían acompañado a los primeros colonos— se contaban por decenas de miles en todo un continente. La Gran Depresión había dejado tras de sí hambre y talas indiscriminadas. La fauna silvestre, acosada por la ausencia de regulación, era un lujo en vías de extinción.

En 1937 sucedió algo impensable: los propios cazadores pidieron pagar un impuesto. No lo reclamaron políticos visionarios ni grupos ecologistas, sino las asociaciones de cazadores, pescadores, tiradores y naturalistas. Y el Congreso, a instancias del senador Key Pittman y el congresista Absalom Robertson, aprobó la Ley Federal de Ayuda para la Restauración de la Fauna, conocida desde entonces como «Pittman–Robertson Act».

La fórmula era sencilla y revolucionaria: aplicar un gravamen del 10 al 11 % a la venta de armas de fuego, munición y material de arquería, y destinar todo lo recaudado a un fondo exclusivo para la conservación de la fauna. Ese dinero no entraba en el Tesoro general, sino que se distribuía entre los estados para financiar proyectos de hábitat, repoblaciones, investigación o educación. A cambio, cada estado debía aportar al menos un 25 % del coste de cada programa.

Forzar a los estados a implicarse: quien quisiera acceder al maná federal debía comprometer recursos propios

El mecanismo tenía dos virtudes. La primera, blindar el dinero frente a los vaivenes políticos: ningún gobernador podía desviar esos fondos a otros fines. La segunda, forzar a los estados a implicarse: quien quisiera acceder al maná federal debía comprometer recursos propios. El resultado fue un pacto social entre cazadores, administraciones y naturaleza.

Desde su puesta en marcha, la ley ha canalizado más de 16.900 millones de dólares hacia la conservación. En 2023, solo ese año, los estados y territorios recibieron 1.200 millones, récord histórico. Con ese dinero se compraron fincas, se restauraron praderas, se formaron generaciones de guardas y se enseñó a millones de jóvenes la seguridad en el manejo de las armas.

Los números hablan por sí solos: los pavos salvajes, que apenas eran 30.000 en 1930, superan hoy los siete millones. Los ciervos de cola blanca rebasan los 30 millones. El alce y el wapití, antaño relegados a remotos refugios, vuelven a poblar regiones enteras.

Pero no todo es perfecto. La dependencia de las ventas de armas como fuente de financiación plantea dilemas. En los últimos años, gran parte de los ingresos proviene de compradores que no cazan, sino que disparan en galerías o adquieren armas por motivos ajenos al campo. El resultado puede parecer paradójico.

Tampoco está exento de polémica. Los fondos Pittman–Robertson se destinan principalmente a aves y mamíferos de interés cinegético, dejando fuera a otros grupos menos «atractivos». Y, al estar condicionados a la cofinanciación estatal, los estados con menos recursos pueden quedar en desventaja.

Aun así, el balance es abrumadoramente positivo. El sistema ha creado un flujo estable y finalista para sostener la vida silvestre durante casi un siglo. Y lo más significativo: fue impulsado desde abajo, por los propios cazadores, conscientes de que sin fauna no habría futuro para su afición ni para el paisaje que amaban.

El contraste con nuestro país es inevitable. En España, la financiación de la conservación depende de los presupuestos autonómicos, los fondos europeos y, en menor medida, de las tasas de caza y pesca. Pero esos ingresos son modestos y, sobre todo, no están blindados: las consejerías pueden destinarlos a cualquier otra partida. La conservación vive así al albur del ciclo electoral y de la coyuntura económica.

A ello se suma otra carencia fundamental: no existe un organismo independiente que, como el U.S. Fish and Wildlife Service, gestione con transparencia y criterios técnicos los recursos para la fauna silvestre. Aquí, la política fragmentada por comunidades autónomas multiplica la burocracia, impide una visión de conjunto y convierte la gestión en un mosaico desigual.

Ante esta «discapacidad operativa», han sido las asociaciones y fundaciones privadas quienes, en buena medida, han asumido el relevo. La Asociación del Corzo Español, la Fundación Artemisan, la Fundación Amigos del Águila Imperial, SCI, ELO y otras entidades lo hacen con presupuestos limitados, procedentes de cuotas, donaciones y proyectos competitivos, para suplir un vacío que debería corresponder al Estado. Gracias a ese esfuerzo desinteresado se han impulsado estudios científicos, campañas de sensibilización, proyectos de conservación y programas educativos que de otra manera no existirían.

A falta de un modelo público sólido, la caza se ha convertido en un pilar económico para el medio rural. Genera empleo directo e indirecto, mantiene vivos talleres, casas rurales y restaurantes, da trabajo a guardas, rehaleros, taxidermistas y veterinarios, y aporta millones de euros en licencias, tasas y permisos. Sin embargo, ese esfuerzo económico rara vez se traduce en una inversión pública proporcional. El dinero que el Estado ingresa por la caza se diluye en la maraña administrativa en lugar de reforzar guardería, investigación o restauración de hábitats, y demasiadas veces termina financiando programas o entidades abiertamente contrarias a la propia actividad cinegética, engordando las arcas de los palmeros de la gauche divine, tan celosos del medio natural como distantes de él.

El Acta Pittman–Robertson demuestra que la conservación necesita dinero estable y finalista, no limosnas presupuestarias; reforzando una realidad: los cazadores, lejos de ser el problema, suelen ser la solución.

Esa sigue siendo, quizá, la verdadera lección pendiente: un Estado que aún no ha sabido reconocer ni canalizar ese esfuerzo en una política estructurada de conservación. Seguimos dependiendo de presupuestos cambiantes y proyectos dispersos, mientras la realidad demuestra que la caza ordenada, gestionada y fiscalmente responsable sigue siendo el mayor aliado del medio natural y de quienes lo habitan.

Mientras Estados Unidos canaliza desde hace casi un siglo millones de dólares en fondos blindados para su fauna, España sigue sin un sistema estable ni un organismo independiente que garantice su conservación.