El Acuerdo UE-Marruecos: mucho más que tomates

Octubre de 2012, el protocolo agrícola UE-Marruecos entra en vigor. Fruto de la primavera árabe y con el pretexto de apoyar una transición a la democracia, Marruecos, fondos de inversión y grandes multinacionales hortofrutícolas consiguen lo que venían reclamando desde hace tiempo: la inclusión de la agricultura en el Acuerdo comercial. Por un lado, Marruecos se anotaba un triunfo diplomático, por otro, la Unión Europea volvía a aparecer como la gran benefactora de la democracia. Después de todo, ¿quién podía oponerse a este acuerdo si con ello se ayudaba a Marruecos en su transición hacia la libertad?

Tras el acuerdo, las consecuencias: la producción y exportaciones hortofrutícolas marroquíes están disparadas y las españolas si descontamos los efectos de la inflación y la reexportación, estancadas. Solo en el caso del tomate, nuestra producción y exportación se ha reducido en más de un 31 % y 25 % respectivamente. Aún más, Marruecos exporta ya la misma cantidad de tomates a la UE y el Reino Unido que España: alrededor de 650.000 toneladas por año. Todo un éxito para el país Alauí, que poco a poco se está posicionando como en la «huerta de Europa» con tomates, ajos, pepinos, calabacines, cítricos y frutos rojos como productos estrella.

Está claro que todo pueblo tiene el derecho a promover su desarrollo económico y, en este sentido, no cabe duda de que Marruecos lo hace. Lo hace a través de un Plan Nacional del Agua y Riego que prevé invertir la friolera de 36.000 millones de euros de aquí a 2050 en infraestructuras y modernización tecnológica. Lo hace mediante inversiones millonarias en presas y desaladoras con el objetivo de alcanzar una capacidad hídrica de 27.300 millones de m3 en 2027 y una capacidad de desalinización anual de 560 millones. Y lo hace con lo que es más importante, mediante un marco normativo nacional e integral (un Plan Hidrológico Nacional), que garantiza los recursos hídricos necesarios para la agricultura a través de las correspondientes infraestructuras, canales y trasvases.

Hasta aquí todo bien. Lo que no es de recibo es que esas infraestructuras y ese potencial productor sea sufragado en parte por las instituciones europeas y por un Acuerdo Comercial que es un auténtico disparate. El despropósito es de tal calibre, qué países como España están llegando a financiar proyectos como el de la desaladora de Casablanca, cuyo objetivo es mejorar el abastecimiento urbano y agrícola, con una financiación pública de cerca de 340 millones de euros. Es decir: España financia su propia competencia. De locos.

Y todo esto con un Acuerdo Comercial de por medio en donde el régimen de precios de entrada, la cláusula de cooperación y las medidas de salvaguardia para productos como el tomate están de adorno. De las condiciones de producción laborales, sociales y fitosanitarias ya ni hablamos.

Por si esto fuera poco, ahora la Comisión plantea sortear las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 4 de octubre de 2024 mediante una propuesta de acuerdo que es un absoluto ataque a la inteligencia y un despropósito legal y moral. Las sentencias del TJUE fueron claras: el acuerdo al que llegaron la Unión Europea y Marruecos para extender las preferencias arancelarias al Sáhara occidental era ilegal. Además, todo producto proveniente del Sáhara Occidental debe indicar al Sáhara Occidental como país de origen. Resulta demoledor comprobar cómo después de casi 10 años de calvario judicial, la Comisión se pliega a los intereses de Marruecos y de su lobby más poderoso, el PSOE, con un único objetivo: mantener al Sáhara dentro del acuerdo, aun a costa de retorcer los principios más básicos del Derecho europeo.

A nadie se le escapa que Marruecos tiene claro lo que quiere ser. Lo tiene claro en lo territorial, avanzando hacia el «Gran Marruecos» en donde el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla e incluso Canarias juegan un papel fundamental. Lo tiene claro en lo económico, transitando hacia un verdadero hub logístico y agroalimentario capaz de abastecer de alimentos a toda Europa. Y lo tiene claro en lo social, proyectándose como la potencia que sirva como punto de conexión entre África y Europa.

Ahora falta saber si Europa y muy especialmente España tienen claro lo que quieren ser. Tras años de suicidio asistido como consecuencia del Pacto Verde y de hiperregulación, de desmantelamiento paulatino de nuestra agricultura e industria, y de empobrecimiento masivo de nuestra población como consecuencia de políticas suicidas, es el momento de reaccionar. De pasar de una relación de total sumisión a una de colaboración.

Cuando hablamos del Acuerdo UE-Marruecos, hablamos de mucho más que tomates. Hablamos de una herramienta imprescindible para desplazar a España como referente agrícola e industrial.

El Acuerdo UE–Marruecos no es un debate técnico ni un simple acuerdo comercial. Hablamos de soberanía alimentaria, de tejido productivo, de empleo, de industria y de la posición estratégica de España en el corazón de Europa. Hablamos, en definitiva, de una herramienta imprescindible para desplazar a España como referente agrícola e industrial. Por ello, resulta imprescindible actuar.

Por un lado, es imprescindible denunciar este acuerdo perverso y demandar su inmediata suspensión. Por otro lado, es necesario, hoy más que nunca, crear un marco normativo que favorezca realmente a nuestro campo, nuestro comercio y la inversión.

Es el momento de escoger: seguir externalizando nuestro abastecimiento y financiando a nuestro competidor o apostar por un sector primario soberano y competitivo. Hay que elegir ya, o Europa, o defiende su mesa con firmeza, o condenamos a los europeos a que otros decidan las condiciones sobre qué, cuándo y cómo comemos.

Porque al final esto no va de tomates. Hablamos de soberanía.