Las comunidades autónomas que pagan a los cazadores por matar jabalíes

El brote de peste porcina africana (PPA) detectado en la sierra de Collserola, en Barcelona, ha puesto en el centro del debate social las consecuencias de la sobrepoblación de jabalíes.

El descontrol de la fauna salvaje, que ha sido advertido desde hace años por agricultores y ganaderos, se ha convertido en uno de los temas con más protagonismo en la actualidad tras el regreso de una enfermedad erradicada en España en 1995.

El campo clama desde hace tiempo por el peligro que supone para la actividad agraria la falta de control de la fauna silvestre, uno de los grandes factores de riesgo tanto para la propagación de enfermedades zoonóticas –como la brucelosis o la tuberculosis que sí pueden transmitirse a los seres humanos–; como para enfermedades no zoonóticas, como la dermatosis nodular contagiosa, la enfermedad hemorrágica epizoótica o la propia PPA, que sin afectar a la salud humana hace que el miedo domine en las granjas de porcino españolas.

Los cazadores se han ofrecido para colaborar en todo lo necesario con el Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y los servicios de sanidad animal. Por el momento, se mantienen a la espera conscientes de que ahora la prioridad en la zona cero es acotar el foco y evitar la dispersión de jabalíes infectados fuera del perímetro de seguridad; sin embargo, la alerta ha provocado que se incentive la cinegética en otras áreas para prevenir la llegada de la enfermedad.

Aragón y Comunidad Valenciana, dos regiones que hacen frontera con Cataluña, han sido las dos primeras comunidades autónomas en poner en marcha recompensas a los cazadores por abatir jabalíes para intensificar el control sobre los ungulados.

El Gobierno aragonés premia desde el pasado 4 de diciembre –menos de una semana después del brote de PPA– con 30 euros por jabalí abatido a los titulares de los cotos. La medida fue anunciada tras un Consejo de Gobierno en el que se destacó que Aragón es el principal productor de porcino de España, lo que genera más de 21.000 empleos directos e indirectos en la región. Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno aragonés, indicó que el objetivo principal de este decreto ley es la prevención, «tratar de evitar que la enfermedad entre en Aragón», para lo que contempla diferentes medidas tanto de vigilancia y control sanitario como el apoyo directo a la caza del jabalí. «Es lo que todos los expertos nos señalan como medida útil», apunta rincón sobre la presión cinegética.

Los encargados de recoger los animales muertos en los diferentes cotos y de llevarlos al punto en el que la empresa Sarga los llevará a una planta de destrucción de cadáveres si no es posible su comercialización recibirán 25 euros por jabalí entregado en Aragón.

El Ejecutivo valenciano será aún más incisivo con su política, ya que el consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, adelantó que se aprobará la próxima semana un plan de prevención contra la peste porcina que incluye pagar 40 euros a los cazadores por cada jabalí abatido en los 317 municipios valencianos con mayor sobrepoblación de la especie.

Esta estrategia se arbitrará a través de los cotos de caza, que resulta ser «la herramienta más óptima» y «directa», según el consejero. Martínez Mus ha indicado que las previsiones «más optimistas» calculan unos 100.000 ejemplares de sobrepoblación en la Comunidad Valenciana y «las más pesimistas» elevarían la cifra hasta las 200.000. «Estamos hablando de que con todo este esfuerzo pretendemos alcanzar la eliminación de 50.000 ejemplares», ha concretado, por lo que ha admitido que sobrepoblación «continuaremos teniendo seguro».

Según datos de la Fundación Artemisan, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem) y las federaciones de caza, la población de jabalíes en España ha pasado de 200.000 ejemplares en 1990 a más de 1.300.000 en 2024.