Lince ibérico: ¿Sigue justificado que sea especie en peligro de extinción?

En 2002 quedaban en España algo así como 200 linces ibéricos. En 2022 se censaron 2.000 ejemplares distribuidos por la mitad sur de España. Teniendo en cuenta el éxito de la especie y que los guardas de fincas de caza vienen avistando hembras con tres y con cuatro cachorros, es fácil que en 2027 hablemos de más de 3.000 ejemplares. De hecho, el lince ha colonizado sus antiguos territorios de caza y ya es más abundante que el lobo. La recuperación ha sido un éxito, como lo ha sido la del águila real y el águila imperial. Los buitres son legión. Hacía décadas que nos les iba tan bien a estas especies bandera.

Los dineros del lince no han sido pocos. Entre 1994 y 2013 se invirtieron en su conservación más de 90 millones de euros. La fragmentación de los programas, la intervención de distintas administraciones dificulta el cómputo global de lo que nos hemos gastado en recuperar esta especie. Fuentes consultadas dicen que no menos de 100 millones de euros. Las mismas fuentes hablan de que entre 2026-2030 se podrían invertir entre 45 y 70 millones de euros más. Imagino que muchos de estos presupuestos han ido a parar a empresas públicas como Tragsa, Egmasa, Geacam… que serían los grandes premiados con el maná de los presupuestos públicos. Todo queda en casa.

Si ya no es una especie en peligro de extinción, muchas figuras jurídicas que hoy suponen limitaciones y responsabilidades muy importantes para la propiedad rural, carecen de aval

Pero al César lo que del César. La recuperación del lince, su abundancia actual, supone además de un éxito, un obligado cambio de estatus legal. Lo único a discutir es el cuándo. Es evidente que ya no es una especie en extinción, aunque claro está, siempre habrá quién pueda discutirlo y quién quiera seguir agarrado a la teta del felino. Lo cierto y verdad es que, si ya no es una especie en peligro de extinción, muchas figuras jurídicas que hoy suponen limitaciones y responsabilidades muy importantes para la propiedad rural, para quienes trabajan en el campo y gestionan cotos de caza, carecen de aval. Para empezar, el que se trate de una especie en peligro de extinción justifica que su captura, aún a título de imprudencia, sea una circunstancia agravante que eleva la pena y sirve de argumento para que un lince valga hoy, a efectos de valoración del daño, cerca de 120.000 € en el ámbito penal.

Todos nos alegramos del éxito de la especie. Pero la diferencia es que quienes conviven con los linces en el medio rural son los que soportan el riesgo y la inseguridad jurídica que supone tener un percance con uno de estos gatos y verse en el torbellino de un procedimiento sancionador (en el último en el que he intervenido el acuerdo de iniciación al denunciado partía de una sanción de 250.000 €); o incluso un procedimiento penal con prisión, multas, indemnizaciones e inhabilitaciones. No es moco de pavo y quienes conviven a diario con el lince saben bien de lo que hablo.

Por eso, cuando técnicamente quepa hablar de que la especie no está en extinción, debe procederse a cambiar su estatus jurídico y a la par, a revisar (o derogar) todos los planes de recuperación, zonas especiales, ordenes y demás normativas que con el soporte de su pasada situación han justificado una hiperregulación administrativa, un intervecionismo bárbaro que ha condicionado la actividad de los particulares hasta decir basta (por ejemplo, estudios de impacto ambiental, control de predadores). Y lo mismo con el águila imperial, el buitre leonado, etc … Habrá que hacer una poda severa: recortar limitaciones, obligaciones, prohibiciones y facultades de intervención de las todopoderosas administraciones. ¿Lo harán? Lo veremos.