La regulación y la alimentación

Si el Acuerdo con Mercosur preocupa al sector de la alimentación es porque soporta un peso regulatorio que genera gastos, burocracia, que no tiene relación con la seguridad de los alimentos y que es un lastre para su actividad.

El sector integrado por producción y transformación; distribución y restauración, se considera estratégico porque además de proveer de alimentos a la población la fija en el medio rural, contribuye a la conservación de la naturaleza y soporta un aluvión regulatorio desde la Unión Europea, Cortes Generales, comunidades autónomas y corporaciones locales con efecto negativo sobre su actividad.

Las unidades económicas del sector asumen sin reservar la necesidad de garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos que ofrece al mercado. Es por ello seguro que la alimentación tiene un peso grande en la economía de España, aportando al PIB algo más del 8 % y empleando a más de 2.500.000 de personas en 2024.

La industria agroalimentaria representa un 2,3 % del PIB y es la primera manufacturera del sector industrial. Está integrada por más de 27.000 industrias, de las cuales el 96 % de ellas tienen menos de 50 empleados y el 77,3 % menos de diez.

En ocasiones, se establecen regulaciones con carga ideológica que afectan al sector, ocasionando gastos y burocracia con clara lesión para el desarrollo de su actividad

La restauración está integrada en parte por un elevado número de empresas de menos de diez empleados que conviven con grandes cadenas. En su conjunto generan unos 35.000 millones de ingresos de los cuales 11.162 millones tienen su origen en marcas-cadenas y 24.680 millones por independientes, según datos de Marcas de Restauración.

Según Asedas, en el 2025 se modificaron 1.411 textos regulatorios en el caso de la distribución. La UE lidera la actividad normativa que afecta a esta actividad con 453 normas frente a las 958 de todas las administraciones públicas de España.

Es asumido por quienes trabajan en la cadena de suministrar alimentos, desde su origen hasta el consumidor final, la necesidad de unas normas que garantizan la seguridad alimentaria basada en criterios técnico-científicos.

En una jornada sobre La Regulación y la Alimentación organizada por ATTest PKF se analizó la calidad y oportunidad de esa extensa regulación, señalando que en ocasiones esas normas tienen un objetivo distinto de preservar la seguridad de los alimentos. En ocasiones, se establecen regulaciones con carga ideológica que afectan al sector, ocasionando gastos y burocracia con clara lesión para el desarrollo de su actividad. Tal es el caso de la Ley de Movilidad Sostenible, Ley Desperdicio Alimentario, Uso del Plástico, esta última anticipándose España o la U.E.

En un análisis general se indicó que la redacción de las normas que no son precisas dejan campo para interpretación generando una preocupante inseguridad jurídica, dan lugar a procesos administrativos complejos e, incluso, según la materia pueden diferir por territorios o de una corporación local a otra, lo que significa romper la unidad de mercado.

Tras el análisis de los intervinientes se advirtió la necesidad de revisar el impacto legislativo que sufre el sector al considerar que el entramado regulatorio actual se expande más allá de la seguridad alimentaria y significa dificultades que perjudican a su desarrollo.

Así, por ello se considera conveniente determinar las necesidades regulatorias prioritarias cuyo objetivo sea la seguridad alimentaria. Estas normas deben basarse en criterios técnico-científicos, sin carga ideológica y su ámbito de aplicación ha de ser todo el territorio nacional.

El contenido de esas normas debe ser preciso, no dejar espacio para la interpretación y evitar un entramado burocrático complejo que dificulte la actividad de las pymes, con gran presencia en el sector.

Otras materias de carácter secundario ajenas a la seguridad alimentaria deberían ser recomendaciones, que el mercado podrá valorar y el sujeto pasivo decidir si puede asumir el compromiso.

Al ser un sector con gran presencia de pymes, el legislador debe conocer su realidad a través de un diálogo continuado con la asociación que los representa y por anticipación a la promulgación evitar daños no deseados.