Lobo ibérico en Puebla de Sanabria, Zamora (España)
La Justicia niega a los animalistas la suspensión cautelar de la gestión del lobo en Cantabria
El tribunal considera que tomar esa acción sobre la orden es «completamente desproporcionada»
Derrota legal de Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) en la batalla por la gestión del lobo en Cantabria.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha mostrado su rechazo a una petición de los animalistas para impedir que se cumpla la ley que permite, dentro de un límite, cazar lobos en la comunidad para acabar con los problemas que causan en las explotaciones ganaderas.
La justicia se ha opuesto a suspender cautelarmente el nuevo plan de gestión del lobo en Cantabria, tal y como solicitaba PACMA.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha resuelto en un auto, consultado por Europa Press, que deniega la medida cautelar interesada por PACMA contra la orden de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería por la que el plan recibió luz verde en marzo de este año.
El documento mantiene el control de ejemplares con cupos anuales limitados a un máximo del 20 % de la población, como el anterior, mientras se reducen de tres a dos las zonas con presencia del cánido en la región.
El tribunal considera que la suspensión de dicha orden es «completamente desproporcionada» y «nada apunta a que sirviera para las finalidades perseguidas, ni siquiera de conservación de especies». Y asegura que «la ejecutividad de la orden no genera el daño irreparable e irreversible» al lobo que alega PACMA.
Contra la resolución del tribunal, fechada el pasado 14 de mayo y que impone las costas al partido animalista hasta un límite de 300 euros, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación. El Gobierno regional ha valorado positivamente la resolución del TSJC.
El laberinto legal alrededor del can permite su control poblacional al norte del río Duero, tal y como sucedía antes de ser incluido en 2021 en el el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), pero impide la gestión al sur, donde las incidencias crecen y los ganaderos, lejos de encontrar soluciones, se topan con la falta de respuesta del sistema.