Vías pecuarias como ariete contra la caza

«¿Por qué se ha de tolerar la reunión de los fuertes contra los débiles, una reunión solo dirigida a refundir en cierta clase de dueños y ganados la protección que las leyes han concedido a todos?»

Imagen de una vía pecuariaEuropa Press

Las vías pecuarias (VP) tienen un origen de incautación a los propietarios rurales. Los ganaderos, organizados en la Mesta, obtuvieron de los reyes el derecho a atravesar las propiedades y pastar en ellos, porque las VP no son tan sumamente anchas por la necesidad de paso del ganado, sino porque también aportaban los pastos al ganado trashumante.

No se trata ahora de promover una acción reivindicatoria contra la historia y reclamar esos espacios; son del Estado y punto. Ahora bien, lo que no es de recibo es que ese mismo Estado utilice esas propiedades como arma de ataque contra la propiedad rural, tal y como está haciendo.

La incultura, revestida de «leídos», saca pecho defendiendo la tradición trashumante como argumento histórico para el ataque a los cotos de caza por medio de las VP. Pero esa visión romantizada es históricamente falsa. La Mesta fue durante años un colectivo de poderosos que abusaban de los débiles y aún muchos conocen el famoso y centenario refrán: tres santas y un honrado tiene al pueblo agobiado (La Santa Inquisición, La Santa Hermandad, el impuesto de la Santa Cruzada y el Honrado Concejo de la Mesta).

No tenía mejor opinión sobre «el Honrado» Jovellanos. Leámosle:

El más funesto de todos los sistemas agrarios debe caer al golpe de luz y convicción que arroja este luminoso principio. ¿Por ventura podrán sostenerse a su vista los monstruosos privilegios de la ganadería trashumante?

Nada es tan peligroso, así en moral como en política, como tocar en los extremos. Proteger con privilegios y exclusivas un ramo de industria es dañar y desalentar positivamente á los demás, porque basta violentar la acción del interés hacia un objeto para alejarlo de los otros. Sea, pues, rica y preciosa la granjería de las lanas, pero, ¿no lo será mucho más el cultivo de los granos, en que libra su conservación y aumento el poder del Estado?

Las leyes que prohíben el rompimiento de las dehesas han sido arrancadas por los artificios de los mesteños, y aunque los ganados trashumantes sean los que menos contribuyen al cultivo de la tierra y al abasto de carnes de los pueblos, con todo, la carestía de carnes y la escasez de abonos fueron los pretextos de esta prohibición. De ella se puede decir lo que de las leyes que prohíben los cerramientos, porque unas y otras violan y menoscaban el derecho de propiedad, no solo en cuanto prohíben al dueño la libre disposición y destino de sus tierras, sino también en cuanto se oponen á la solicitud de su mayor producto.

Cuando las leyes son ya respetadas en todas partes, cuando ya no hay individuo, no hay cuerpo, no hay clase que no se doble ante su soberana autoridad, en una palabra, cuando se le oponen la razón y el ruego contra los odiosos privilegios que autorizan, ¿por qué se ha de tolerar la reunión de los fuertes contra los débiles, una reunión solo dirigida á refundir en cierta clase de dueños y ganados la protección que las leyes han concedido á todos?

Pues bien, acabada la Mesta, España no abandonó sus propiedades pastoriles y las reguló. La primera normativa completa fue el Real Decreto de 1924 que estableció básicamente el actual sistema de identificación y deslinde de las VP, pero introduciendo dos elementos contrapesadores de los anteriores abusos mesteños, que se mantuvieron hasta 1995.

El primero era que en la clasificación se establecieran cuáles eran las VP innecesarias, bien en su totalidad, bien en parte de su anchura. Lo innecesario se vendería, preferentemente a los colindantes.

El segundo era la posibilidad de usucapión sobre las VP (de adquirir la propiedad por la detentación de la posesión durante determinados años y en determinadas circunstancias). Así, su artículo 1º establecía que:

Corresponde a la Administración el restablecimiento y reivindicación de las vías pecuarias usurpadas, cualquiera que sea la fecha de su ocupación, salvo los casos en que se haya legitimado, conforme a las leyes, el derecho adquirido, haciéndose la adquisición irreivindicable.

Y el artículo 9º, al regular el deslinde, establecía:

Las informaciones posesorias presentadas por los propietarios colindantes no tendrán valor ni eficacia para impedir la reivindicación de terrenos usurpados a las vías pecuarias, si no se acredita por ellas posesión quieta y pacífica durante treinta años, en armonía este precepto con el artículo 1º

La Administración nunca procedió a la enajenación de lo innecesario

La realidad es que hubo una absoluta dejación en esa gestión por parte de todos. Las clasificaciones se hicieron casi al dictado de los ganaderos de cada pueblo, que clasificaron como VP lo que no era sino acceso a los pastos de propiedades privadas y nunca había servido a la trashumancia. La Administración nunca procedió a la enajenación de lo innecesario. Y los propietarios nada pudieron hacer porque muy pocas fueron deslindadas y, ante ello, poco tenían que recurrir.

El régimen jurídico cambió con la Ley 3/1995 y desapareció el concepto de «innecesario». Las VP pasaron de tener un interés ganadero a serlo «ambiental» y tuvo éxito la memez esa de que eran «corredores ecológicos». Por supuesto, a los ingenieros de Montes y a los jurídicos de las Administraciones se les hace bola eso de entender algo tan simple como el principio tempus regit actum, por lo que niegan usucapiones obtenidas por posesiones durante la vigencia de las anteriores normas.

Pero hay más, la actual Administración (en concreto la JCCM), en posición de absoluto abuso, como si fuese la Mesta 5.0, incluso está procediendo a abrir VP que nunca fueron clasificadas. Lo hacen en base a proyectos de clasificación nunca aprobados. Y lo ejecutan, no con deslindes, sino con inicios de expedientes sancionadores (está usted multado con X euros por esa valla, pero si la abre y paga de inmediato, la multa se queda a la mitad). Y eso es prevaricación.

Esto se está haciendo estrictamente sobre cotos de caza, porque al 'wokismo' anticaza de la Administración sólo le interesa perjudicar esas específicas propiedades rurales. Ello por mucho pacto en defensa de la caza que firmen en época de elecciones.

  • Antonio Conde Bajén es miembro del Real Club de Monteros