El Ministerio de Transición Ecológica o cómo regar a los amiguetes

Hay una forma de corrupción que pasa desapercibida y es difícilmente punible, porque para que sea visible se obligaría a llevar a los tribunales todo un conjunto de actuaciones. Una por una es imposible que quede desenmascarada esa corrupción. Se trata del desmantelamiento del Estado con el fin de favorecer a amigos y/o correligionarios.

Tradicionalmente, el control de las especies exóticas, sometidas al Cites, y la competencia para determinar su destino cuando llegaban irregularmente a España, estaba en el Soivre (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones en España), dependiente del Ministerio con competencias en Comercio Exterior. Pero, hete aquí que llegó Podemos al Gobierno. Pese a que Transición Ecológica le correspondió al PSOE, en los pactos de gobierno tenían que regar puestos intermedios de miembros de Podemos y luego Sumar. Una de las formas de darles «cancha» fue que las competencias sobre introducción de exóticas pasaran a Transición Ecológica, que no los funcionarios. Eso ocurrió en 2022. Como suele ocurrir en estos casos, pasaron las competencias, que no la competencia, que se quedó en Soivre, que era muy competente.

Los nuevos responsables vieron una oportunidad de oro para regar a «los suyos», siguiendo la doctrina Echenique de la necesidad de «colocar a los nuestros» y de «sembrar instituciones» para cuando no gobiernen. Lo hicieron de la siguiente manera:

1) El Soivre tenía firmados convenios con diferentes centros de rescate perfectamente reconocidos y especializados en exóticas, para ser centros de recogida. De esta forma, cuando llegaba, por ejemplo, un guacamayo de forma ilegal, que era requisado y no cabía su legalización y devolución al propietario (entre otras cosas porque la inmensa mayoría de las veces no estaba identificado), era enviado al centro de rescate más cercano.

2) Evidentemente, la manutención de animales tan específicos no es barata, dado que hay que facilitarles unas temperaturas y una alimentación que no existen en España de forma natural. Es por ello que en esos convenios se establecía una compensación económica.

3) Transición Ecológica, manu militari, consideró que esos centros tenían la obligación de asumir esos costes (porque lo dijeron ellos, ya se sabe) y, para solventar el evidente problema de pagar la manutención, sacó unas subvenciones que debían ser solicitadas. Es decir, pasamos de la justa contraprestación a la exigencia de sometimiento al Estado totalitario al que hay que servir y que, en su caso, dadivosamente concede subvenciones.

4) Como los centros de rescate estaban amparados por sus convenios, muchos de ellos (la inmensa mayoría) no pidieron esas subvenciones, que se dieron ¡oh, curiosamente! a otros establecimientos muy de la rasta y del aro en la nariz.

5) Ni Transición Ecológica quiso prorrogar los convenios (para qué si ya tenía preparados los centros de los amiguetes), ni los Centros de Rescate conveniados quisieron continuar su labor en ese régimen de sometimiento. El fin debería haber sido claro: que Transición Ecológica se llevara sus animales, que lo que no cabe es que los sigan manteniendo particulares a su costa. Pero Transición Ecológica no los retira (le sale así más barato), por mucho que haya sido requeridos para ello.

Se trata de impedir que los Centros de Rescate «rebeldes» puedan volver a recibir especímenes si algún día vuelve la cordura a ese Ministerio

6) Cuando los centros de rescate empiezan a reclamar por los gastos de manutención de animales que no son suyos y que siguen en sus instalaciones, la respuesta de Transición Ecológica es lanzar una campaña de inspecciones por medio de TRAGSA, afirmando que esas instalaciones incumplían los requisitos exigidos. Ello con la enorme sorpresa del SOIVRE, que año tras año les venían reconociendo que sus instalaciones sí eran correctas. Por ello se les retira su reconocimiento y calificación como centro de rescate (o gratis, o nada. Si reclamas, te inspecciono y sanciono). Pero siguen sin retirar los animales. Se trata de impedir que los centros de rescate «rebeldes» puedan volver a recibir especímenes si algún día vuelve la cordura a ese ministerio. Se trata de laminar lo anterior y que de futuro sólo queden «los nuestros», porque los animales que ahora tienen los «no amigos» acabarán muriendo por la propia biología.

Recientemente (por fin, hay medios de comunicación que se han hecho eco de este escándalo) Transición Ecológica está enviando a técnicos de Tragsa, con nula experiencia en exóticos, a esos Centros. Esas inspecciones, que llaman «visitas», pero que de facto son inspecciones hechas por no funcionarios (los de verdad se han negado), están sirviendo de base para las resoluciones de acoso y derribo, con el fin de retirarles los permisos para tener en el futuro ese tipo de animales; los del Ministerio y los propios.

El coste de este sistema, parece ser, es cuatro veces mayor, lo que alguien debería explicar, porque no se han multiplicado por cuatro los especímenes a mantener. Es decir que, mientras que los Centros de Rescate «rebeldes» no están cobrando, los nuevos, los de los amiguetes (que como mucho habrán recibido los animales llegados en los últimos cuatro años) cobran cuatro veces más.

Tragsa vuelve a estar en el ojo del huracán como empresa abierta a hacer de todo para el Gobierno, lo mismos colocar «sobrinas», que elaborar informes a la carta para servir de herramienta en la política de «colocar a los nuestros» y de martillo de herejes para los no amigos.

Soy consciente de que, con la que está cayendo, esto interesará a pocos, pero yo lo denuncio. Es una modalidad más de corrupción, quizás de malversación de caudales públicos, que sólo con una visión general del conjunto de actuaciones puede ser correctamente calificada.