El Gobierno oculta a Bruselas los censos del lobo al considerar que los técnicos emplean «criterios políticos»

El incumplimiento de los compromisos del Ejecutivo español con la Unión Europea (UE) salpica a una de las problemáticas más reclamadas por los ganaderos en los últimos años.

La expansión del lobo ibérico y sus dentelladas se hacen sentir en las explotaciones de bovino y de ovino, donde apuntan a un incremento de los ataques del cánido como consecuencia de la inclusión del depredador en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021.

El cambio de estatus del lobo impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –entonces encabezado por Teresa Ribera– ha suspendido durante años el control cinegético del can, cuya presencia se ha convertido en conflictiva en lugares en los que la convivencia con el ganado no era la preocupación principal.

Una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario impulsada por el PP en el Senado abrió la puerta al cambio de estatus del depredador, que tras la ratificación del Congreso y la modificación de la Directiva Hábitats desde el Consejo de la UE se puede gestionar al norte del río Duero; sin embargo, el impedimento persiste en el resto del territorio, ya que el Gobierno no ha aplicado la disposición transitoria única que saca al depredador del Lespre en todo el país.

Provincias como Ávila, Salamanca o Segovia, al sur del Duero, sufrieron en 2024 el 60 % de ataques mortales a reses en Castilla y León –2.387 de 3.973 en toda la región–.

El bloqueo del Ejecutivo se centra en ocultar a Bruselas el estado actual de conservación del lobo en España al no enviar a la Comisión Europea el informe sexenal obligatorio sobre la fauna silvestre que indica el estado de conservación favorable de la especie en las regiones Atlántica y Mediterránea de España.

Este documento ha sido elaborado por los técnicos las comunidades autónomas, aunque el Miteco lo rechaza al considerar que el lobo no está en estado de conservación favorable en España y que, tal y como aseveró recientemente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, los datos «falsean» la realidad y obedecen a criterios «políticos».

«El Ministerio de Transición Ecológica está ignorando deliberadamente la realidad del campo y poniendo en riesgo la ganadería extensiva al negarse a trasladar a Europa la información oficial que acredita el crecimiento exponencial de la especie», denuncia Asaja, que califica de «inaceptable» que se desprestigie el trabajo de las comunidades autónomas «y se llame mentiroso a todo un sector que está sufriendo a diario las consecuencias». «Mientras, en Madrid se debate sobre números, en nuestros pueblos se cuentan animales muertos», subrayan.

Milagros Marcos, diputada del PP, critica en conversación con El Debate el papel del Gobierno con el lobo: «¿Quién se ha pensado Hugo Morán para decidir que los funcionarios públicos tienen un criterio que no es válido? El Ministerio no tiene que decidir, simplemente tiene la obligación legal de enviar el informe a la Comisión Europea».

La portavoz del PP para cuestiones agrarias incide en que las comunidades autónomas han hecho llegar a la Comisión Europea el informe sobre el estado del lobo, aunque para que sea válido lo tiene que mandar el Gobierno.

Marcos recuerda que el Ministerio liderado por Sara Aagesen ha excedido la fecha límite para informar a la Comisión en más de una año, motivo por el que España ha sido sancionada: «Todos los españoles tendrán que pagar porque el Gobierno prima su ideología a la realidad. El plazo expiró en julio de 2025».

Los ganaderos describen una situación insostenible, con ataques diarios, pérdidas económicas, lucro cesante y un desgaste emocional que la Administración no asume: «No tiene sentido que sea el Gobierno de España quien bloquee ahora que Europa conozca la situación real», concluyen en Asaja.