Las 17.000 fincas de Sánchez para impulsar el relevo generacional: medio campo de fútbol y muchas incógnitas

A punto de cumplirse ocho meses del anuncio estrella del Gobierno para tratar de abordar el envejecimiento de los propietarios de las explotaciones agrarias, los agricultores y ganaderos desconocen más información la gran promesa realizada por Pedro Sánchez en el acto celebrado en el iHub La Vega Innova (San Fernando de Henares, Madrid) el pasado enero.

El presidente del Gobierno señaló la movilización de 17.000 fincas rústicas del Estado para tratar de solventar la crisis en el relevo generacional que sufre el campo: el 40 % de los titulares tiene más de 65 años de edad y sólo el 9 % tiene menos de 41 años.

La música sonaba bien, pero –como entonces– sigue sin haber noticias de la letra, lo más importante. «De estas fincas no sabemos nada más de lo mencionado públicamente por el presidente del Gobierno», indicaron en su momento los dirigentes de las principales organizaciones profesionales agrarias en conversación con El Debate.

Los agrarios señalaban la importancia de las características de las explotaciones en cuestión, algo que recalca Cocampo, la plataforma para la compra, venta y arrendamiento de fincas rústicas, en su informe Las 17.000 fincas del Estado. Radiografía del patrimonio rústico anunciado para favorecer el relevo generacional, en el que el servicio de estudios publica las fichas informativas de los inmuebles.

Según apunta el análisis, hay 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 figuran con 'Patrimonio del Estado'. «Los 15.510 inmuebles identificados como Patrimonio del Estado tienen una superficie mediana de apenas 0,416 hectáreas. El 76,4 % tiene menos de una hectárea, solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30», precisa el documento, que evidencia que la mayoría de las fincas rústicas con las que el Gobierno pretende impulsar el relevo generacional en el campo tienen una superficie menor que la de medio campo de fútbol.

«El tamaño es solo una parte del problema. La información pública no permite determinar de forma homogénea cuántas propiedades son agrícolas, forestales, pastos o terrenos improductivos, ni cuáles disponen de regadío efectivo, derechos de agua, suelos adecuados o condiciones suficientes para su explotación», resalta el estudio de Cocampo.

Desde el mismo momento de su difusión, la comunicación de Sánchez fue recibida con desconfianza entre los potenciales beneficiarios. Las 17.000 fincas se anunciaron en mitad de un elevado clima de tensión en el sector primario, con el rechazo del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y la modificación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en plena ebullición y tras el bombazo de la firma con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil).

Las incógnitas a las que hizo referencia el entonces secretario general del COAG, Miguel Padilla, siguen sin resolverse: «¿Cómo son estas fincas? Porque si es secano rabioso mejor que no se las den a nadie porque es inservible», señaló el exdirigente de COAG, que incidió en un apagón informativo que se acentúa con el paso de los meses.

El informe de Cocampo revela que tres de cada cuatro de las 17.000 fincas rústicas de Sánchez tienen menos de una hectárea, mientras que la tendencia en el panorama agrícola español muestra que las explotaciones más pequeñas son más proclives a la desaparición y las que permanecen gestionan más superficies: La dimensión media por explotación ha crecido un 13,2 % en solo tres años, de las 26,92 hectáreas de 2020 a las 30,46 hectáreas marcadas en 2023.

«La mecanización, la tecnología, el personal, los seguros, los suministros o las instalaciones introducen costes que empujan a muchas actividades hacia mayores economías de escala. El tamaño necesario varía enormemente según cultivo, productividad, agua, ubicación y modelo de negocio; 30,46 hectáreas no son un mínimo de viabilidad. Pero la dirección del cambio es inequívoca: la explotación media española está creciendo» asevera el informe de Cocampo, que evidencia las dudas sobre la capacidad de esta herramienta del Gobierno para facilitar el relevo en las fincas.

«La cartera puede contribuir al relevo generacional. Pero, por su estructura y por todo lo que todavía falta conocer sobre la aptitud de los activos, difícilmente puede constituir por sí sola una solución estructural al problema de acceso a la tierra», concluyó Regino Coca, fundador y consejero delegado de Cocampo.