Ejemplar de lobo ibérico.
La Justicia rechaza la cautelar a los ecologistas y defiende a los ganaderos frente al lobo en Asturias
Los informes presentados por Fundación Artemisan, la Administración asturiana y el resto de entidades personadas han sido claves para mantener el cupo de extracción de 67 ejemplares marcado
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha negado la medida cautelar solicitada por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que solicitaba la suspensión del plan de control del lobo establecido en la región para la temporada 2026/2027.
La Justicia considera que el programa de actuaciones de control vigente ha de continuar mientras se resuelve el procedimiento judicial principal, al entender que debe prevalecer el interés general defendido por la Administración asturiana, Fundación Artemisan y varias agrupaciones como la Unión Rural Asturiana (URA) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos (GANAGRI), entre otras entidades.
El tribunal destaca expresamente la necesidad de tener en cuenta los intereses de los ganaderos, así como la prevención de los importantes perjuicios que los ataques de lobo ocasionan al ganado, y reconoce que la conservación de lobo no puede abordarse al margen de las consecuencias que su presencia tiene sobre las explotaciones ganaderas y las comunidades rurales.
El auto recoge los informes presentados por Fundación Artemisan y la Administración asturiana, entre otras entidades personadas, que sostienen que la población de lobos presenta un estado de conservación favorable en Asturias, señalando el incremento de camadas detectadas desde la década de 1990 a la actualidad, el incremento de grupos con reproducción confirmada y la evolución positiva de la población aún con extracciones realizadas durante este periodo.
Los informes presentados por Fundación Artemisan, la Administración asturiana y el resto de entidades personadas han sido claves para mantener el cupo de extracción de 67 ejemplares marcado, aunque la legalidad definitiva de las medadas deberá analizarse en el procedimiento judicial principal.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias incide en que los grupos ecologistas no han aportado datos suficientes para justificar la suspensión cautelar del programa. La Justicia recalcó que la suspensión de disposiciones generales «constituye una medida excepcional y que existe un interés público en la aplicación de las normas administrativas vigentes».
Fundación Artemisan ha aplaudido la decisión y que se hayan recogido expresamente sus alegaciones, que defendían el estado de conservación favorable de la especie, la compatibilidad del programa de control con el mantenimiento de la población, la magnitud y sostenibilidad de los daños ocasionados a la ganadería y la necesidad de ponderar los intereses afectados y de mantener las medidas de control para reducir los daños a la ganadería y otras especies.
La organización insiste en que seguirá defendiendo en los tribunales los intereses del sector y personándose en todos aquellos procedimientos !que pretendan restringir la actividad cinegética basándose en cuestiones ideológicas y sin tener en cuenta criterios técnicos y científicos que deberían basar todas las decisiones que se tomen en materia de conservación".