Los agricultores vuelven a la calle con una gran tractorada en Madrid contra los costes y las importaciones

El campo español vuelve a preparar sus tractores para salir a la calle. ASAJA, COAG y Unión de Uniones han convocado una gran movilización en Madrid el próximo 28 de octubre para denunciar el encarecimiento de los costes de producción, la falta de rentabilidad de las explotaciones y la competencia de las importaciones procedentes de terceros países. La protesta llegará apenas ocho días después de otra manifestación en Mérida, donde los productores de aceituna de mesa denunciarán una crisis de precios que, según sus estimaciones, podría ocasionar pérdidas de 220 millones de euros en toda España.

Las tres organizaciones agrarias han decidido unir fuerzas para exigir al Gobierno medidas que permitan garantizar la continuidad de las explotaciones. La tractorada del miércoles 28 de octubre recorrerá Madrid y finalizará frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde los convocantes reclamarán respuestas a unos problemas que, según denuncian, continúan agravándose.

«El sector agrario no puede más», advierten las organizaciones en su convocatoria. Sostienen que los agricultores y ganaderos soportan costes cada vez mayores para llenar los depósitos de sus tractores, comprar fertilizantes, alimentar al ganado o pagar la electricidad, mientras los precios que perciben por sus productos no siempre permiten cubrir esos gastos.

La movilización se articula en torno a cinco grandes reivindicaciones. La primera es la aprobación de un plan de choque frente al encarecimiento de los costes de producción, que incluya la implantación inmediata de un gasóleo profesional agrario.

ASAJA, COAG y Unión de Uniones reclaman una fiscalidad reducida y estable para el combustible utilizado en las explotaciones, con bonificaciones que se apliquen directamente en el momento de repostar. Consideran que las ayudas temporales resultan insuficientes y llegan demasiado tarde para compensar los sobrecostes.

Las organizaciones advierten especialmente de la situación del sector cerealista, cuya rentabilidad consideran amenazada por el incremento de los gastos de producción.

La segunda exigencia se centra en el futuro de la Política Agraria Común (PAC). Los convocantes rechazan cualquier reducción del presupuesto agrario europeo y piden mantener una política común con financiación suficiente y sus dos pilares diferenciados.

También reclaman precios que permitan cubrir los costes de producción y un cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria. A su juicio, agricultores y ganaderos continúan siendo el eslabón más débil de una cadena en la que soportan aumentos de gastos que no siempre pueden trasladar a los precios de venta.

El cuarto punto vuelve a situar los acuerdos comerciales internacionales en el centro de las protestas. Las tres organizaciones rechazan las condiciones actuales del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como el acuerdo comercial con Marruecos, al considerar que facilitan una competencia desigual entre los productores europeos y los de terceros países.

Por ello, exigen que los productos importados cumplan requisitos equivalentes a los exigidos dentro de la Unión Europea y que se refuercen los controles fronterizos.

La última reivindicación es una reducción de las cargas administrativas. Los convocantes denuncian el tiempo que agricultores y ganaderos deben dedicar a trámites, registros y obligaciones burocráticas.

La crisis de la aceituna de mesa

Antes de la tractorada de Madrid, el malestar agrario tendrá otra cita el próximo martes 20 de octubre en Mérida. La Unión Extremadura ha convocado una manifestación para denunciar la situación de los productores de aceituna de mesa, que atraviesan, según la organización, una de las mayores crisis de precios de los últimos años.

La asociación calcula que las pérdidas del sector podrían alcanzar los 220 millones de euros durante esta campaña, de los que aproximadamente 40 millones corresponderían a los agricultores extremeños.

La organización atribuye buena parte de esta situación a la presión de las importaciones procedentes de terceros países, entre ellos Egipto, Túnez y Marruecos, cuyos costes laborales son inferiores a los españoles.

Esta diferencia resulta especialmente relevante en la aceituna de mesa, cuya recolección requiere en muchos casos mano de obra intensiva para evitar daños en el fruto.

Según denuncia La Unión Extremadura, los bajos precios podrían obligar a destinar una parte importante de la cosecha a la producción de aceite, en lugar de comercializarla como aceituna de mesa. La organización también alerta del cierre de instalaciones de empresas dedicadas a su elaboración.

Los convocantes critican que las distintas administraciones se atribuyan mutuamente la responsabilidad de resolver el problema, sin que hasta ahora se hayan adoptado, a su juicio, medidas suficientes.

Ante esta situación, La Unión Extremadura exige a la Junta la aprobación de un decreto ley que contemple 20 millones de euros en ayudas de minimis para compensar parte de las pérdidas sufridas por los productores de la región. La organización también reclama medidas que eviten que la situación vuelva a repetirse en futuras campañas.