Los fondos de inversión se comen un campo que necesita incorporar 40.000 jóvenes en cuatro años

Miles de hectáreas de cultivo en producción, con grandes extensiones de tierra en uso pero sin trabajadores. Cuentas de resultados que lucen y en las que todo cuadra, aunque con pueblos vacíos, muertos, sin niños en los colegios y sin adultos para llevar los negocios.

Este es el horizonte temido por la agricultura y la ganadería familiar, aquella que fija población en las zonas más desfavorecidas económicamente y que, tal y como señala COAG, necesita una renovación de urgencia para no ser absorbida por los fondos de inversión de capital riesgo.

Un informe técnico elaborado por la organización profesional agraria precisa que entre noviembre de 2026 y octubre de 2030 se jubilarán unos 43.000 agricultores y ganaderos profesionales. Esta previsión de abandono de las labores agrícolas se entiende desde la falta de perspectivas económicas que ofrece la actividad, con altos costes de producción y una elevada incertidumbre que ahuyenta el acceso a la tierra de un relevo generacional que además se ve desplazado por los grandes fondos de inversión.

Más de 900 fondos de inversión tiene tierras actualmente en la península ibérica, con un valor total que supera los 100.000 millones de euros. «La concentración de la producción es alarmante: el 6,6 % de las grandes empresas agrarias acapara ya el 42 % del valor de la producción, mientras que un preocupante 7,8 % de los afiliados supera los 65 años y los menores de 40 apenas rozan el 19,8 %», indica en su análisis COAG, que cifra entre 8.000 y 10.000 los jóvenes que deben incorporarse al campo en los próximos cuatro años para evitar una sangría letal para el sector.

Los cálculos de COAG apuntan a que los aproximadamente 43.000 agricultores y ganaderos –los que tenían entre 60 y 64 años en abril de 2025– se jubilarán antes de octubre de 2030. Esto supone la retirada de un 17 % del total de los agricultores autónomos integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), colectivo que según el Ministerio de Agricultura mejor representa a la agricultura profesional, frente al Censo Agrario o los perceptores PAC, que incluyen agricultura a tiempo parcial y titulares que no ejercen.

«Sin incorporaciones masivas de jóvenes, el colectivo profesional caerá peligrosamente hasta los 200.000 afiliados en 2030. Sin embargo, la brecha de entrada al sector se ha vuelto casi inalcanzable para la juventud rural debido a la especulación financiera», denuncian.

Los agricultores inciden en el acelerón en el proceso de uberización del campo español: «El desembarco agresivo de fondos buitre y de capital riesgo está bloqueando el relevo generacional y poniendo en riesgo el futuro del modelo social agrario en España». La compraventa de fincas rústicas ha aumentado un 20 % en comparación con 2019, un auge liderado por grandes fondos de inversión, (nacionales e internacionales), que acaparan fincas de regadío con derechos de agua para cultivos súper-productivos.

«¿Quién se beneficia de la subida de la renta agraria, nuestros pueblos o los accionistas de Wisconsin o la City de Londres? La agricultura y la ganadería tienen un gran futuro en España. Lo que está en peligro es el modelo social y profesional de pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Un joven que se quiera incorporar no puede competir con estos grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación», lamenta Andrés Góngora, secretario general de COAG, que concluye que en comarcas agrarias sometidas a más presión de estos fondos «los arrendamientos han triplicado su precio y los precios de la tierra se han duplicado».