Operación masa crítica: o Castilla y León retira 578 lobos en 2027 o enterrará 8.500 reses al año en 2030

Hay debates que se resuelven con una calculadora y se eternizan con un micrófono. El del lobo en Castilla y León es de los primeros, aunque se trate como de los segundos. Con los datos oficiales delante, el plan de extracción no es una ocurrencia ni una venganza: es la conclusión de una cuenta.

Su premisa: un lobo vale lo mismo que una vaca, una oveja o un potro. Ni más ni menos. Todos son animales sintientes, y si ese argumento se invoca para proteger al depredador, obliga igual a proteger a su presa. Queda entonces el interés que debe orientar la gestión: el del ganadero, que mantiene vivos los pueblos y una ganadería extensiva que, si cierra, no vuelve.

La cuenta que crece sola

Los ataques de lobo en Castilla y León han pasado de 2.694 en 2021 a 4.474 en 2025, un 66 % más. Las cabezas muertas, de 5.566 en 2023 a 6.294 en 2025, además de 585 heridas. Las indemnizaciones, de cerca de un millón de euros en 2021 a 4,8 millones en 2024. En 2025 bajaron a «más de 4 millones», pero no porque el lobo se moderase: a mediados de año se dejó de pagar.

Al ritmo de 2023-2025, un 6,3 % anual, la comunidad rondará las 7.100 cabezas muertas en 2027 y las 8.500 en 2030. Es la proyección prudente: con el 10 % anual que señala la Junta, se superarían las 10.000. No actuar no es mantener la situación: es empeorarla cada año, con la regularidad de un recibo domiciliado.

Y eso es solo lo que se ve. Con supuestos prudentes, el lobo mata además cada año entre 25.000 y 50.000 corzos, jabalíes, ciervos y cabras monteses, por valor de 9 a 18 millones de euros. Ese daño no figura en ninguna estadística ni lo paga nadie.

El daño tiene domicilio

Castilla y León alberga 193 manadas, la mayor población de España, con unos 1.700 lobos según el censo regional 2022-2023. Pero el daño no se reparte en proporción a las manadas, y ese es el dato que decide todo el Plan de extracción del lobo ibérico en Castilla y León que puede consultar en este enlace.

Ávila y Segovia, con 25 manadas, el 13 % del total, causan el 49 % de las cabezas muertas. En el otro extremo, León y Valladolid reúnen el 43 % de las manadas y causan el 11 %.

Dividiendo las cabezas muertas entre las manadas de cada provincia sale el indicador decisivo: una manada abulense mata unas 156 cabezas al año; una de León o Valladolid, ocho. Una sola manada de Ávila equivale en daño a 19 leonesas. Por eso retirar un lobo en Ávila evita unas 18 cabezas muertas al año, y retirar uno en León, menos de una.

El cupo de extracción simbólico tranquiliza conciencias, pero no salva terneros

La conclusión es incómoda para quien prefiere hablar del lobo en abstracto: el problema no es la especie, sino manadas y territorios concretos e identificables.

La tasa de reposición: el cupo que deja todo como está

Una población de lobos repone cada año, con la reproducción y la llegada de dispersantes, una parte importante de sus efectivos. La literatura científica sitúa entre el 22 % y el 29 % anual la mortalidad de origen humano que puede absorber sin disminuir (Adams et al., 2008; Creel y Rotella, 2010).

Un cupo igual a la reposición congela la población y, con ella, el daño: unas 6.300 cabezas al año de forma indefinida. Un cupo inferior deja que ambos sigan creciendo. La prueba está en casa: entre 2019 y 2022 se cazaron al norte del Duero 339 lobos, unos 113 al año, muy por debajo de la reposición y lejos de las comarcas con más daño. Las manadas pasaron de 179 a 193 y los ataques siguieron subiendo. El cupo simbólico tranquiliza conciencias, pero no salva terneros.

Por eso el plan invierte el razonamiento. No parte de cuántos lobos pueden retirarse sin que nadie proteste, sino del daño que la ganadería no puede seguir soportando. Para bajar de 6.300 cabezas hay que retirar, además de la reposición, lo que el informe llama masa crítica: las manadas reproductoras de los territorios que más daño causan. Tres principios:

El plan no sustituye la prevención: la exige en cada expediente. Pero no hay mastín ni cercado para vacas que paren en miles de hectáreas de monte.

Cuentas de bachillerato, no de seminario

El cálculo es deliberadamente sencillo, para que cualquiera pueda rehacerlo, incluidos quienes lo vayan a recurrir. 1.700 lobos en 193 manadas son unos 8,8 lobos por territorio. Se eligen los territorios de mayor a menor daño por manada hasta retirar el daño que sobra, y la reposición se fija en el 25 % anual, valor central del intervalo científico.

Para bajar a 2.000 cabezas, un 68 % menos, hay que retirar las manadas de 50 territorios: todos los de Ávila, Segovia, Burgos y Soria y 9 de Zamora, unos 440 lobos de masa crítica. Para que cada paso esté probado antes de dar el siguiente, se hace en dos fases:

Los cupos parecen grandes porque incluyen la reposición, los lobos que la población genera cada año por sí sola. Lo que de verdad reduce el censo es lo que se retira por encima de ella:

La población baja así en unos 440 lobos, de 1.700 a 1.260, el 26 %. Desde 2031 basta un cupo de mantenimiento de unos 315 lobos al año.

La fase 2 no es automática: solo se activa si el daño ha bajado lo previsto, se mantiene el área de distribución y España conserva al menos 294 manadas, las de su primer censo nacional (1986-1988). Si no, el plan se queda en 3.000 cabezas.

Dos detalles desmontan el discurso del exterminio. Incluso el objetivo menos ambicioso, 5.000 cabezas, exige superar la reposición el primer año. Y dirigir la extracción es lo que la hace proporcionada: retirando el mismo porcentaje en toda la comunidad, bajar el daño un 68 % exigiría retirar 1.163 lobos de masa crítica; apuntando a los territorios que matan, bastan 440. Lo que el ultraproteccionismo llama «masacre» es la opción que menos lobos retira.

Completan el plan sus reglas: prioridad a las manadas con daños reiterados y a los híbridos, muerte inmediata con arma de caza mayor, sin lazos ni venenos, y una comisión independiente que publique los datos cada año.

El lobo vuelve al coto

El plan no encarga la extracción a un operativo enviado desde la capital de provincia. Propone que el lobo vuelva a ser especie de caza mayor en la Ley 4/2021, de Caza de Castilla y León, y se gestione como el zorro o el jabalí: plan cinegético del coto, cupo, modalidades autorizadas, precinto y comunicación de capturas. Lo fue al norte del Duero durante décadas, hasta su inclusión en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) en 2021 y la sentencia del Constitucional de 2022.

Un cupo que no se ejecuta es como un extintor de atrezo: queda muy bien en la pared hasta el día del incendio

El cupo regional se reparte entre los cotos según los daños y la presencia de manadas, y se caza con las modalidades del jabalí: batidas, monterías, recechos y esperas. Cada captura se precinta, se comunica en 24 horas y aporta muestra genética. Si en 30 días el coto no actúa tras un ataque, el cupo pasa a la guardería forestal.

¿Por qué los cotos? Porque están en el monte todos los días y conocen las manadas y sus querencias. Porque ya lo hicieron: los 339 lobos de 2019-2022 se cazaron a través de ellos. Porque no cuestan dinero público. Y porque la renta de la caza se queda en el pueblo.

Eso sí, el cupo tiene que estar pensado para cumplirse. La Rioja declaró el lobo cinegético con dos ejemplares por comarca y no se abatió ninguno. Un cupo que no se ejecuta es como un extintor de atrezo: queda muy bien en la pared hasta el día del incendio.

El Duero, frontera jurídica que el lobo cruza a nado

En España, el lobo es la única especie que se gestiona antes en los juzgados que en el monte. Su marco legal ha cambiado desde 2025, aunque de forma distinta a cada orilla del río.

Al norte del Duero, la Ley 1/2025 excluyó al lobo del LESPRE y cayó el fundamento de la sentencia de 2022. Esa ley está recurrida ante el Constitucional, pero mientras no se resuelva está en vigor. Al sur, el lobo sigue en el Lespre, y la extracción solo cabe con autorizaciones excepcionales por daños graves al ganado, que la Junta ya utilizó en Ávila en 2014 y 2017. Con 156 cabezas por manada y año, la gravedad está acreditada.

Para toda la comunidad, la Directiva (UE) 2025/1237 pasa el lobo al anexo V, el de las especies cazables, con transposición antes del 15 de enero de 2027. Y el informe sexenal aprobado el 22 de junio de 2026 declara su estado favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea, lo que exigía la sentencia Ascel. Además, para que un cambio de normas no lo tumbe, cada extracción, también al norte, se documenta como si fuera excepcional.

Se objetará que ninguna comunidad ha aplicado cupos así. Cierto, pero la Directiva Hábitats no fija ningún porcentaje máximo; el 20 % de Cantabria responde a su objetivo de mantener la población, no a una exigencia europea. Y los tribunales empiezan a dar la razón a quien llega con datos: en octubre de 2026, el TSJ de Asturias denegó la suspensión cautelar del programa asturiano, con el informe pericial de este autor en defensa de los ganaderos.

Un plan que se paga solo

En 2025, la Junta pagó unos 636 euros por cabeza muerta, muy por debajo de su valor real. Aun así, bajar a 2.000 cabezas ahorra al menos 2,7 millones al año frente a 2025 y más de 4 millones frente a la tendencia de 2030, y evita unas 19.500 muertes de ganado entre 2027 y 2030. En Ávila, cada lobo retirado ahorra más de 11.000 euros anuales en indemnizaciones.

El mismo animal, el mismo precio

La vaca que mata el lobo vale distinto según la comunidad en que caiga: 2.250 euros en Castilla y León y 995 en La Rioja. El ternero, 1.300 en Cantabria y 502 en Asturias. Cada ganadero cobra según su código postal, no según su animal.

El plan propone un baremo común, financiado por el Estado, que es quien decide la protección, y armonizado al alza: el importe más alto vigente para cada animal, abortos y desaparecidos incluidos, y pago en 30 días con intereses de demora. Porque la indemnización es un suelo, no la medida del daño: no paga la producción perdida, ni la prevención, ni las unas 9.000 jornadas de trabajo perdidas en 2025.

Lo que no se registra no existe

El sistema solo mira al lobo. El meloncillo y el buitre leonado matan becerros y vacas en pleno parto sin línea de indemnización, y hay muertes archivadas como «causa indeterminada» pese a mostrar daños de cánido. El plan propone una hoja única de datos para todas las especies, con criterios de atribución como los de la guía de este autor para distinguir el ataque del lobo del del meloncillo, y una regla: si hay depredación y no se sabe la especie, el animal se paga. La duda, a favor del ganadero.

El Estado decide la protección, la Comunidad se endeuda para pagarla y el ganadero la financia con su patrimonio

El consejero de Agricultura de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, reconoció el 19 de octubre que se deben cerca de 6 millones a los ganaderos por daños del lobo, en 1.180 expedientes paralizados desde mediados de 2025, y que los del oso llevan más de dos años de retraso. El 24 de octubre, el presidente de la Junta reclamó al Ministerio las anualidades de 2025 y 2026, aún sin formalizar. En total, unos 7 millones que la Consejería tendrá que cubrir con un préstamo.

El Estado decide la protección, la Comunidad se endeuda para pagarla y el ganadero la financia con su patrimonio. En sus cuatro primeros años, el plan ahorra unos 8,6 millones: más que toda la deuda acumulada.

Lobo y ganadería no tienen por qué ser enemigos, pero hoy solo paga una parte. Tras el plan, Castilla y León seguiría teniendo la mayor población de lobo de España. Lo que dejaría de tener es una manada en Ávila matando 156 cabezas al año y un ganadero esperando año y medio para cobrarlas. Cada año de retraso añade más de un 6 % de daño y cierra explotaciones que no vuelven a abrir. El lobo no tiene prisa. El ganadero ya no tiene margen.