La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, junto a miembros de las organizaciones agrarias, posa con el acuerdo
El Gobierno de Juanma Moreno se alinea con el campo andaluz frente a la nueva PAC
La Junta y las asociaciones agrarias piden un rediseño de los eco-regímenes y que se flexibilicen las exigencias medioambientales para acceder a los fondos
El Gobierno de Juanma Moreno ha llegado a un acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) –Asaja, COAG y UPA– y Cooperativas Agroalimentarias para presentar alegaciones conjuntas al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac).
Entre las principales alegaciones que figuran en el documento único acordado entre la Consejería de Agricultura, OPAS y Cooperativas destaca la petición de que se flexibilicen, de manera definitiva, las prácticas medioambientales exigidas con la nueva PAC, como ha hecho Andalucía, por ejemplo, reduciendo de cuatro a dos meses la obligatoriedad de cubiertas vegetales en el olivar.
El texto recoge también la pertinencia de un rediseño de las regiones de la Política Agraria Común, especialmente para las comarcas de la Campiña de Sevilla, La Janda de Cádiz, El Condado de Huelva, Antequera y La Loma de Jaén, que son las que más fondos pierden con la nueva PAC.
Asimismo, el documento único traslada al Ejecutivo central la petición de que se aumenten los criterios para la fijación de las cuantías económicas de los eco-regímenes, teniendo en cuenta otras variables como la estructura del suelo o de las explotaciones. A ello se suma la demanda de equiparar las ayudas a la remolacha del sur con la del norte de España, así como una ayuda asociada específica para el girasol y los frutos secos de Huéscar, Guadix y la comarca de Los Vélez (Almería).
Otro aspecto importante que se contempla como alegación desde Andalucía al Pepac es la modificación del concepto de 'agricultor activo', promoviendo que el producto integrado o ecológico sea considerado como tal per se. Los firmantes de las alegaciones conjuntas entienden que debe considerarse suficiente con demostrar actividad agraria, aunque se compatibilice con otras actividades.
En el caso del cuaderno digital de explotación agrícola, y debido a los efectos que están teniendo en el sector la guerra en Ucrania, los elevados costes de producción, la inflación y la sequía, es preciso que se proceda a un aplazamiento hasta septiembre de 2024, y hasta el mismo mes de 2025 en el caso de las pequeñas explotaciones. En cualquier caso, el documento realiza una petición expresa de que se conceda un tiempo voluntario y en prácticas a los productores para poder familiarizarse con el mismo.
Flexibilizar exigencias medioambientales
Otro punto que integra el documento es la petición de flexibilizar la condicionalidad, o lo que es lo mismo, las prácticas medioambientales que se exigen con la nueva PAC. Andalucía entiende que su flexibilización es procedente para poder adaptarlas a la realidad de la comunidad autónoma y que tengan una mejor aplicación. Por otra parte, como territorio con la mayor superficie de agricultura ecológica de España, con más de un 29 %, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias solicitan que este tipo de producción sea considerada como un eco-régimen per se.
La consejera Carmen Crespo ha valorado esta «alianza infranqueable, que ya nos ha permitido reconducir una PAC que era mucho más lesiva para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos». Crespo ha dejado claro que «el Gobierno de Andalucía y el sector agroalimentario andaluz vamos a seguir, al unísono, trabajando hasta el último por una PAC que reconozca el peso agrario de nuestra tierra».
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural trabaja en la modificación y el diseño de medidas que compensen las pérdidas que finalmente pueda conllevar la PAC en Andalucía. Al respecto, Crespo ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas agroambientales, que vendrá con novedades y mayor simplificación para una mejor articulación.
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