Vista del aeropuerto de Gibraltar con La Línea de la Concepción (Cádiz) de fondo
Gibrexit
Gibraltar planea reforzar su control sobre el aeropuerto ante un posible uso compartido con España
El Gobierno colonial reformará su legislación sobre aviación civil en plena negociación sobre el aeródromo
El Gobierno colonial de Gibraltar no está dispuesto a ser actor secundario en el aeropuerto si finalmente la Unión Europea y el Reino Unido acuerdan el uso compartido del aeródromo con España, principal escollo para poner el punto final al Brexit en el Peñón. Por eso planea reformar su legislación sobre aviación civil. El objetivo es reforzar su control sobre el aeropuerto.
La Comisión Europea y el Gobierno del Reino Unido retomaron esta semana, después de meses de bloqueo, las negociaciones para definir la relación de Gibraltar con España y el resto de los Veintisiete tras el Brexit. Sobre la mesa estaba el uso conjunto del aeropuerto, uno de los puntos, junto con el puerto, donde se realizarían los controles fronterizos en caso de derribo de la Verja, contemplado en el Acuerdo de Nochevieja.
El uso conjunto del aeropuerto fue una idea que puso sobre la mesa la Comisión Europea en 2022, aunque se trata de una vieja reivindicación del Campo de Gibraltar que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía han hecho suya en muchas ocasiones a lo largo de los últimos años, y que todavía está por resolver, ya que el Gobierno colonial lo considera una cesión de su soberanía británica.
Además, el Reino Unido se opone a esta propuesta por el marcado carácter militar del aeródromo, ubicado en el istmo, un terreno que España nunca cedió a los británicos por el Tratado de Utrecht (1713) y que éstos ocuparon durante una epidemia de fiebre amarilla a principios del siglo XIX.
Londres reconoce que no hubo cesión, pero sostiene que su soberanía sobre el istmo se basa en la prescripción, puesto que ha estado bajo su control por un periodo largo y continuado de tiempo sin que España lo pusiera en cuestión. Y de aquellos polvos vienen estos lodos.
Reforma exprés
En este contexto, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha decidido acelerar el proceso para reformar su legislación sobre aviación civil de manera que el aeropuerto quede en manos de una Autoridad de Aviación Civil. El Gobierno colonial publicó el pasado 8 de diciembre el proyecto de ley que presentará al Parlamento llanito, que tiene prevista su próxima reunión para el próximo día 19, según adelanta el diario Europa Sur.
En virtud de la normativa vigente desde 2009, el control y la gestión de la aviación civil descansa sobre la figura del Director de Aviación Civil. No obstante, cuando se lleve a cabo la reforma, estas responsabilidades se verán ampliadas y recaerán en un nuevo organismo, la Autoridad de Aviación Civil, encabezada por un director general y formada por un jurista y dos o tres profesionales cualificados en aviación civil.
Todos ellos serán nombrados por el primero, lo que concede al organismo una mayor independencia del Gobierno que la figura que existe actualmente. Sin embargo, el ministro con competencias en aviación civil, en este caso el viceministro principal, Joseph García, continuará siendo el responsable último del aeropuerto. Además, se preservará la posición constitucional del gobernador en lo relativo a defensa y seguridad interna, lo que evidencia la importancia del aeródromo como instalación militar para el Reino Unido.
La Autoridad de Aviación Civil tendrá la responsabilidad de brindar nuevas oportunidades comerciales al aeropuerto con la creación de un Registro de Aeronaves matriculadas en Gibraltar. Las principales funciones del director serían promover, desarrollar y regular la seguridad en la aviación civil de Gibraltar. El Gobierno colonial entiende que ello contribuirá a evitar retrasos y cancelaciones de vuelos, muy habituales en los últimos tiempos.
También desempeñará las funciones de regulación y supervisión de conformidad con los principios acordados del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que fue firmado el 7 de diciembre de 1944 por el Gobierno del Reino Unido y ampliado para aplicarse a Gibraltar.
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