Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio de los ERE
Corrupción
Andalucía monopoliza la corrupción en España con el 93 % de los procesados
Sólo tres encausados por corrupción tienen abierto algún procedimiento fuera de los juzgados y tribunales andaluces
Andalucía ha sido durante años sinónimo de corrupción en España, y claro, de aquellos polvos vienen estos lodos. Los jueces españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 44 personas en ocho procedimientos por corrupción durante el segundo trimestre de este año. 41 de los 44 procesados fueron en juzgados y tribunales andaluces, el 93 %; así como cinco de las ocho causas, es decir, el 62,5 %, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En 2022, los juzgados y tribunales andaluces acogieron a 93 de los 187 encausados por corrupción, esto es, prácticamente la mitad, el 49,7 %, y acapararon 16 de las 37 causas que se abrieron en España, el 43 %. Los porcentajes se han disparado en ambos casos, y aún se están investigando decenas de causas de corrupción de la época del PSOE en la Junta de Andalucía. Sólo los ERE son más de un centenar de piezas en investigación.
De las 41 personas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por este tipo de delitos en Andalucía durante el segundo trimestre del año, 29 eran personas físicas, y 12, jurídicas, según el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fueron 20 en toda España.
Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción durante el segundo trimestre de 2023
Corrupción pública
La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo, la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (art. 303).
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, los juzgados y tribunales dictaron siete sentencias en procedimientos por delitos de corrupción, de las cuales seis fueron condenatorias, y una, absolutoria, lo que supone que hubo condena en el 85,7 % de los casos. En Andalucía, en concreto, se produjo una condena con conformidad.
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