La UDEF detecta a otra secretaria de Zapatero pagada por Moncloa y conectada con el PSOE

Zapatero tenía una secretaria muy conocida, la famosa Gertrudis y, según desvela hoy este periódico, una más que ya ha identificado la UDEF, que como el primo del expresidente socialista, está pagada por La Moncloa con cargo al presupuesto público y conectada al PSOE desde una oficina que según la investigación judicial en marcha sería la sede de una organización criminal.

La investigación llevada a cabo por El Debate evidencia el estrecho vínculo existente entre los recursos públicos asignados a Zapatero y su relación directa con el PSOE. Moncloa no solo sigue sosteniendo con fondos públicos al expresidente Zapatero, pese a que su horizonte es muy oscuro, sino que los documentos a los que ha accedido El Debate demuestran la participación del personal de la oficina del expresidente en los hechos investigados por el juez Calama en el centro de operaciones de la presunta organización criminal investigada por la Audiencia Nacional.

Como este periódico publicaba días atrás, José Miguel Vidal Zapatero, primo del expresidente Zapatero y jefe de gabinete de su Oficina presidencial, era el custodio de la caja fuerte de cuyo contenido la UDEF se incautó de las polémicas joyas. El expresidente imputado aún no ha aportado prueba documental alguna que acredite la legalidad de su origen. Y ya han pasado casi cuatro meses desde su imputación.

El primo de Zapatero tiene un coste anual para las arcas públicas que ronda los 90.000 euros, dado que dispone de nivel 30, el más elevado en la Administración del Estado. Existe un segundo puesto en la Oficina de Zapatero que él libremente escoge y Presidencia del Gobierno designa como parte de su personal de confianza.

Judith Laure Wells Sutton es el nombre de la segunda trabajadora que Presidencia del Gobierno le paga a Zapatero, y lo hace desde 2018, según consta en un documento del pasado 26 de agosto al que ha accedido en exclusiva este periódico. La identidad de Wells Sutton sí consta en el acta del registro practicado por la UDEF en el despacho que compartía con la polémica Gertrudis Alcázar, también investigada como «pieza operativa esencial dentro de la red organizada» según el juez Calama. Lo que Moncloa no había revelado es que Judith Wells es funcionaria de Presidencia del Gobierno.

En el registro «de la habitación número 1, despacho de doña Gertrudis y doña Judith», según consta en el acta de entrada y registro del 19 de mayo del 2026, la policía judicial se incautó de diversas carpetas y agendas con información delicada. Asimismo, a Judith Wells Sutton se le intervinieron en su ordenador de la oficina del expresidente Zapatero dos cuentas de correos electrónicos de esta trabajadora de confianza de Presidencia del Gobierno vinculadas directamente al PSOE.

En el caso de Gertrudis, de las tres cuentas intervenidas, dos pertenecían al PSOE y la tercera era la cuenta del presidente Zapatero, que ella usaba personalmente. De esta manera, se confirma que dos trabajadores de Presidencia y, por tanto, pagados con dinero público, estaban al tanto de las entrañas de la supuesta red criminal liderada por el expresidente, lo que implica directamente a Moncloa en una nueva ‘cloaca’ del PSOE. De hecho, el juez Calama en su auto de imputación a Zapatero, definió a esta oficina como el lugar desde donde «se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria» de la trama. En el auto, Calama recoge cómo Zapatero remitía «gestiones y directrices a través de dos empleadas administrativas, María Gertrudis Alcázar Jiménez y Judith Laure Wells Sutton, que dan cobertura formal y documental a su ilícita actividad, desde la oficina ubicada en la calle Ferraz».

El Gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a aclarar si Gertrudis mantiene alguna relación laboral con Moncloa actualmente. El Debate ha tenido conocimiento de que se han emprendido las acciones legales correspondientes ante la ilegalidad del silencio presidencial. Asimismo, el PSOE también mantiene un silencio absoluto ante las preguntas formuladas por este periódico, sin que a fecha de cierre de edición haya ofrecido explicaciones.

En una pregunta formulada en el Congreso por el Partido Popular al Gobierno para que este aclare si está pagando con dinero público el alquiler de la oficina de Zapatero en Ferraz, aquel se ha limitado a señalar la normativa aplicable del RD 405/1992, regulador del Estatuto de los Expresidentes del Gobierno que cubre, entre otros, las atenciones sociales y, en su caso, alquileres de inmuebles.

Precisamente sobre este punto, el gobierno esconde las liquidaciones de gastos efectuadas por el expresidente Zapatero y los pagos efectuados por cada concepto desde que Sánchez llegó a Moncloa en 2018. Según los juristas consultados, al tratarse de caudales públicos y ser liquidados conforme a la partida presupuestaria 1307 912M 480, el soporte documental debe necesariamente existir para justificar esa salida del dinero, «por lo que este silencio es susceptible de diversas interpretaciones, incluida la de que efectivamente Zapatero esté empleando ese dinero para pagar la Oficina registrada por la UDEF», concluyen las mismas fuentes, anunciando que ya han emprendido acciones legales frente a la ilegalidad omisiva de Moncloa en perjuicio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Cuatro meses después, Zapatero no ha aportado justificación de las joyas que según él fueron un regalo en 2007 del rey de Arabia, fallecido en 2015

La ausencia de documentación que justifique la procedencia de las joyas incautadas en su despacho y las declaraciones de los dirigentes de Plus Ultra ante el juez, confirmando que dedicaron el 1 % del rescate de 53 millones de euros concedido por Sánchez a la aerolínea a la supuesta mediación del expresidente apuntalan las sospechas del juez, pero no son suficientes motivos para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje de contar con él y siga manteniendo su confianza en el dirigente socialista.

Es más, el líder del PSOE ha reivindicado su figura durante su comparecencia en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, reiterando que Zapatero «sigue contando con la confianza y respeto a la presunción de inocencia», pese a que el juez Calama le acusa de liderar una red de cobro de ‘mordidas’ por facilitar el rescate de la aerolínea Plus Ultra, y por la que se le atribuye la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, contrabando y fraude fiscal.

Pasaporte diplomático, transporte y escoltas a costa del erario

Además de los recursos regulados en el RD 405/1992, habría que añadirle la protección de un pasaporte diplomático, renovado en junio de 2025, pese a que por aquellos entonces las sombras ya se cernían sobre Zapatero, pues la investigación comenzó en 2024, cuando Francia y Suiza remitieron a España peticiones de cooperación para investigar una red de blanqueo de capitales vinculada con Venezuela.

Además, su condición de expresidente también le concede la posibilidad de tener un coche oficial y el coste de su dispositivo de seguridad, es decir, sus escoltas, que, según la investigación, utilizaba para hacer algunos recados e incluso realizar reservas en restaurantes para reunirse con su amigo y comisionista Julio Martínez, uno de los implicados en la trama.

Es más, tal y como publicó El Debate, estos escoltas estuvieron presentes en los encuentros que ambos mantuvieron en el monte de El Pardo, propiedad de Patrimonio Nacional, algo sobre lo que Moncloa no ha querido dar explicaciones, alegando que pondría en peligro la vida del imputado Zapatero, suponiendo nada menos que un riesgo y «un perjuicio para la Seguridad Nacional».

Junto a ello, y con la excusa de que Moncloa no realiza «funciones relacionadas con la actividad privada de los expresidentes del Gobierno», da vía libre a sus actividades y oculta si Sánchez ha realizado algún encargo a Zapatero sobre Plus Ultra y si dispone de alguna solicitud del exdirigente socialista «para la disposición de la escolta para reunirse en la finca de Patrimonio Nacional situada en El Pardo», pese a que la propia Presidencia del Gobierno, junto con el Ministerio del Interior, es la encargada de la seguridad de los expresidentes, además de tener a sueldo a dos personas relacionadas directamente con los negocios de Zapatero.