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Urnas electorales y documentos oficiales españoles

El Gobierno quiere poner en las mesas del 29-N 61.603 móviles de máxima potencia y con control remoto

Este jueves vence el plazo para que el Ejecutivo presente la documentación que acredite todas las garantías de seguridad exigidas por la ley no solo en los QR sino en los terminales móviles que ha alquilado para las mesas electorales

El gobierno pretende instalar en las mesas electorales del próximo 29 de noviembre 61.603 teléfonos inteligentes Android con 128 GB de almacenamiento, conexión a Internet, geolocalización y control remoto, contratados de emergencia a Telefónica Defensa y Seguridad por siete millones de euros.

Así consta en el expediente remitido al Tribunal Supremo en poder de El Debate tras su investigación sobre las grietas de seguridad de MiDNI y el posterior recurso judicial de Iustitia Europa. El pasado martes el alto tribunal dio dos días de plazo para que Interior certifique si los dispositivos han superado los controles de seguridad exigidos después de su contratación y aporte, en caso afirmativo, las pruebas técnicas correspondientes. Uno de los aspectos más relevantes de la documentación aportada al Supremo es que el informe favorable de la Policía se limita al funcionamiento del verificador QR y no constituye una certificación integral de los teléfonos contratados.

El expediente completo ha sido remitido al Supremo por la Junta Electoral Central (JEC). En ella figura el contrato de emergencia con Telefónica Defensa y Seguridad para alquilar 61.603 teléfonos inteligentes Android. El pliego de condiciones exige al menos 128 GB de almacenamiento, conexión a Internet, geolocalización y control remoto.

Lo más sorprendente es que Interior exige estas capacidades para una operación que, según el propio pliego, debe realizarse sin conexión a ninguna red externa. Además, el contrato no identifica la marca ni el modelo comercial de los teléfonos.

Siete millones por 61.603 móviles

El contrato ECG/21/2026, declarado de emergencia el 13 de octubre y firmado el 21 de octubre, fue adjudicado por 7.000.455 euros, IVA incluido. Lo suscribió la directora general de Política Interior, Carmen López García, con Telefónica Defensa y Seguridad.

El pliego establece: «Los terminales deberán ser dispositivos inteligentes tipo smartphone, con sistema operativo Android, destinados a un uso profesional intensivo».

Contrato

Contrato

Interior exige procesadores de ocho núcleos, pantallas de 6,6 pulgadas, cámaras de 50 megapíxeles, 6 GB de RAM y «Almacenamiento interno mínimo: 128 GB». También exige un componente de seguridad con certificación EAL 5+ o superior y el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en categoría ALTA. Son condiciones contractuales cuya aplicación a los aparatos suministrados debe poder acreditarse mediante pruebas técnicas.

Lectura sin internet, pero con control remoto

El apartado 7.5 del pliego establece: «La verificación de los códigos QR se realizará íntegramente en el propio terminal móvil, sin requerir ningún tipo de conexión a redes externas, ya sean datos móviles, Wi-Fi u otras».

Sin embargo, Interior exige líneas de voz y datos móviles y una plataforma de administración centralizada que permite: «Visualización y control remoto de la pantalla del dispositivo en tiempo real para tareas de soporte, incluso cuando el dispositivo se encuentre en modo kiosco».

Condiciones de funcionamiento

Condiciones de funcionamiento

El sistema también contempla instalar y actualizar aplicaciones remotamente, ejecutar comandos sobre los teléfonos y utilizar la «Geolocalización de los terminales».

Estas funcionalidades pueden servir para prestar asistencia técnica, distribuir los equipos o resolver incidencias. Pero introducen riesgos adicionales: acceso remoto a información visible, modificación de aplicaciones y eventual transmisión de datos procesados durante la identificación. La verificación sin conexión no impide por sí misma que un teléfono almacene información o pueda transmitirla posteriormente.

La Policía solo avala el verificador QR

Interior remitió a la JEC un informe de la Dirección General de la Policía fechado el 26 de octubre, firmado por el comisario Juan Carlos González Carvajal. Su conclusión favorable tiene un alcance expresamente delimitado: «La valoración favorable presupone que el terminal dispone del verificador oficial y funciona de acuerdo con el procedimiento facilitado». Y añade: «La valoración favorable queda circunscrita a esa función de verificación».

Informe técnico sobre el verificador de MiDNI

Informe técnico sobre el verificador de MiDNI

Informe técnico sobre el verificador de MiDNI

Informe técnico sobre el verificador de MiDNI

Por tanto, el informe policial no constituye una certificación integral de seguridad de los 61.603 móviles, de sus capacidades de almacenamiento, comunicaciones o administración remota.

Un terminal de muestra y el requerimiento del Supremo

El 28 de octubre, Carmen López García comunicó a la JEC que acompañaba el contrato, el informe policial y un teléfono de muestra: «Por último, para que pueda ser comprobado por esa Junta, se acompaña un dispositivo en las condiciones en la que lo recibirán las mesas electorales». La comunicación tampoco identifica su marca ni modelo. Tampoco consta un acta con los resultados de las pruebas realizadas por la JEC sobre ese aparato.

El 5 de noviembre, la Junta levantó la suspensión de MiDNI basándose en la confirmación de Interior de que las mesas dispondrían de dispositivos capaces de verificar el QR «con todas las garantías necesarias». El expediente fue remitido al Supremo el 13 de noviembre.

Cuatro días después, como también reveló este periódico, el Tribunal Supremo dado dos días de plazo al gobierno para que certifique si se han realizado los controles de seguridad posteriores a la contratación exigidos por el artículo 22 del Real Decreto 311/2022 y aporte, en caso afirmativo, la documentación técnica justificativa.

A once días de las elecciones generales, el gobierno debe acreditar ante el Supremo la seguridad de los teléfonos que ha contratado para identificar a los votantes con MiDNI.

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