Sofía Puente, en una imagen de archivo
Los documentos que Albares oculta: Sofía Puente confirmó a preguntas de los cónsules que no hacía falta acreditar el exilio
El Debate accede a ocho páginas de una respuesta oficial de Justicia a 21 preguntas sobre la instrucción de la ley de nietos. Exteriores desmintió en julio la investigación de este periódico sobre las objeciones consulares y llegó a acusarlo, a través de la Oficina de Información Diplomática, de atacar la honorabilidad de sus funcionarios
El 4 de julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores desmintió tajantemente una investigación de El Debate que revelaba que varios consulados españoles habían cuestionado la instrucción de Sofía Puente por considerar que ampliaba la ley de nietos más allá de lo aprobado por las Cortes. Ahora, este periódico ha tenido acceso a ocho páginas de un documento oficial que demuestra que la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública respondió por escrito al menos a 21 preguntas sobre aquella instrucción y confirmó que determinados descendientes podían adquirir la nacionalidad española sin acreditar el exilio de sus antepasados.
El documento está fechado el 23 de diciembre de 2022, lleva la firma electrónica de Sofía Puente Santiago y responde a un oficio del 18 de noviembre. Sus referencias administrativas son RC-196131/22 y 2103/2022. Fuentes conocedoras de la documentación de Justicia aseguran a El Debate que hubo muchas más consultas. Las ocho páginas examinadas corresponden a una respuesta formal a 21 preguntas sobre la aplicación de la instrucción del 25 de octubre de 2022.
Su aparición coincide con una nueva negativa de Exteriores a entregar documentación sobre las objeciones consulares. El departamento de Albares ha rechazado una solicitud del abogado Guillermo Rocafort para acceder a los escritos remitidos por los consulados y sus contestaciones.
La respuesta que confirma la eliminación de la prueba del exilio
La primera pregunta aborda directamente el requisito que ha terminado situando la instrucción en el centro de la controversia jurídica: si los solicitantes debían demostrar que sus padres o abuelos perdieron o renunciaron a la nacionalidad española como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.
Sofía Puente distingue entre los supuestos establecidos en su propia instrucción.
La segunda pregunta insiste en si debe exigirse siempre la documentación acreditativa de la condición de exiliado. La respuesta, recogida en la primera página, es concluyente: «Solo deberá exigirse esta documentación en aquellos casos en los que sea necesario acreditar el exilio». Es la confirmación escrita de que la instrucción permitía adquirir la nacionalidad a determinados descendientes de españoles sin demostrar que sus antepasados hubieran sufrido persecución política.
La diferencia es fundamental. La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 vinculaba uno de sus supuestos al exilio. La instrucción de Sofía Puente estableció una primera vía para los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, sin exigirles esa acreditación. Esta interpretación expansiva es precisamente la que El Debate viene investigando desde hace meses.
Un abuelo nacido en 1830
La tercera pregunta plantea hasta dónde podía retroceder la cadena familiar. En la página 2, Justicia confirma que no existía un límite temporal general para la fecha de nacimiento del padre, madre, abuelo o abuela originariamente español dentro del primer supuesto de la instrucción.
La pregunta número ocho llega a plantear el caso de una persona nacida en 1930, cuyo padre había nacido en 1880 y su abuelo en 1830. La respuesta admite la posibilidad de optar a la nacionalidad cuando concurren los requisitos de ese primer supuesto. La instrucción no limitaba, por tanto, sus efectos a los descendientes del exilio de la Guerra Civil y el franquismo. También alcanzaba a familias vinculadas a la emigración española anterior.
Pero el documento contiene otra revelación: no todas las dudas estaban resueltas. Cuando se pregunta si podían tramitarse simultáneamente las solicitudes de varias generaciones de una misma familia, sin esperar a que se inscribiera primero la nacionalidad del ascendiente, Sofía Puente anuncia en la página 4: «Esta dirección general va a solicitar informe a la Abogacía General del Estado sobre esta cuestión».
La fecha resulta significativa. Habían transcurrido casi dos meses desde la publicación de la instrucción y Justicia todavía necesitaba consultar determinados aspectos de su aplicación.
El desmentido de Albares: tres frases y ninguna prueba
La gravedad del episodio se comprende al reconstruir lo ocurrido en julio. El día 3, El Debate reveló que Sofía Puente había comunicado por escrito que la instrucción se ajustaría al texto legal aprobado por las Cortes. Cuatro días después de aquella comunicación firmó una interpretación más amplia.
El 4 de julio, este periódico publicó que varios consulados habían solicitado aclaraciones al considerar que la instrucción no se ajustaba a la ley y que Exteriores les había ordenado aplicarla. Ese mismo sábado, a las 15:02 horas, el director de la Oficina de Información Diplomática (OID), Antonio Asencio, remitió por WhatsApp a esta periodista un desmentido oficial del Ministerio. En apenas tres frases, Exteriores negó tajantemente que ningún consulado se hubiera opuesto o resistido a aplicar la Ley de Memoria Democrática, aseguró que sus funcionarios cumplían la legislación y calificó la información de El Debate de un ataque a su profesionalidad y honorabilidad. No acompañó el desmentido de un solo documento.
Y, sobre todo, negó algo distinto de lo publicado. El Debate no había afirmado que los cónsules se negaran a cumplir la ley aprobada por las Cortes. Había informado de que cuestionaban la instrucción administrativa firmada por Sofía Puente, una disposición de rango distinto cuyo alcance jurídico estaba siendo discutido.
El ministerio sustituyó en su desmentido la palabra «instrucción» por «ley». Con ese cambio, dejó sin contestar la cuestión fundamental: si los funcionarios habían advertido de que la interpretación de Justicia excedía el texto legal. La acusación contra El Debate resultaba especialmente grave porque convertía una investigación sobre las objeciones jurídicas de los funcionarios en un supuesto ataque contra esos mismos funcionarios.
«No somos sus lacayos»
El 5 de julio, esta periodista respondió al ministerio en su columna El desmentido de Exteriores: no somos sus lacayos. La columna denunciaba que Exteriores exigía credibilidad para una negativa sin pruebas mientras seguía sin facilitar las instrucciones consulares cuya publicación había reclamado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
También recordaba que la OID había dejado sin contestar durante un mes una batería de preguntas registrada por El Debate en el correo oficial que el propio ministerio había indicado. El 12 de agosto, en Sánchez y Albares: son tramposos hasta en los desmentidos, este periódico volvió a señalar la diferencia entre lo investigado y lo desmentido: una cosa era la ley y otra la instrucción que la desarrollaba.
Ahora aparecen respuestas oficiales de Justicia a las preguntas sobre esa instrucción. El documento confirma que existieron dudas formales, que llegaron a la Dirección General competente y que Sofía Puente tuvo que contestarlas por escrito. La cuestión es especialmente relevante porque no se trata únicamente de conocer intercambios administrativos. Las respuestas de Justicia explican cómo se aplicó una instrucción que abrió el acceso a la nacionalidad española a cientos de miles de descendientes.
Queda por conocer cuántas consultas adicionales se formularon, qué consulados intervinieron, qué contestaciones recibieron y si la Abogacía General del Estado emitió el informe anunciado por Sofía Puente.